El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 contempla unos G. 35.904,6 millones (USD 5,5 millones) en gastos reservados para distintas entidades públicas, con una reducción de G. 2.014,2 millones frente a los G. 37.918,8 millones previstos para este 2026.
El mayor monto proyectado para el próximo año corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, con G. 14.865,4 millones (USD 2,3 millones). Le sigue la Presidencia de la República, con G. 10.170 millones (USD 1,5 millones), mientras que el Ministerio del Interior dispondrá de unos G. 5.720 millones (USD 885.723).
Dentro de la Presidencia, el proyecto mantiene prácticamente la misma estructura de gastos reservados que en el 2026. La mayor parte corresponde a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con G. 5.400 millones.
En segundo lugar aparece el Gabinete Civil, con G. 4.000 millones, a fin de cubrir los gastos reservados del presidente Santiago Peña, mientras que el Gabinete Militar dispone de G. 650 millones, y el Consejo de la Defensa Nacional, G. 120 millones.
También figuran el Ministerio Público, con G. 2.479,1 millones; el Ministerio de Justicia, con G. 1.020 millones; la Vicepresidencia, con G. 950 millones; y la Secretaría Nacional de Inteligencia, con G. 700 millones.
En el caso de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que tenía asignados G. 2.000 millones de gastos reservados en 2026, el proyecto para 2027 ya no contempla esos recursos.
Cuestionamientos. Aunque este rubro representa un monto reducido frente al presupuesto total del Estado, estos gastos reservados son cuestionados por la discrecionalidad en su uso.
Para el economista Luis Rojas, el monto total de los gastos reservados es relativamente pequeño frente al tamaño del PGN. Sin embargo, considera que el problema está en la escasa transparencia sobre su uso.
“Es marginal dentro del presupuesto general, pero tiene más una connotación simbólica de un uso discrecional no justificado del dinero público.
Lastimosamente, con la corrupción, el prebendarismo y el nepotismo que predominan en el uso de los fondos públicos, de los recursos públicos, hay mucho que se usa de manera irregular, que se desvía, que se presta a la corrupción de manera disimulada”, expuso.
No obstante, el economista también señaló que una eventual eliminación de estos fondos tendría un impacto fiscal muy limitado debido al pequeño peso que tienen dentro del presupuesto general. A su criterio, el efecto sería principalmente una señal de austeridad.
El ex ministro de Hacienda Dionisio Borda, por su lado, sostuvo que los gastos reservados sí pueden tener una justificación, particularmente para el presidente de la República, pero cuestionó el nivel destinado.
“Los gastos reservados deben existir para el presidente de la República, pero debe ser un gasto acorde con la disponibilidad del Tesoro. G. 4.000 millones me parece un tanto alto”, manifestó.
El también ex ministro de Hacienda, Benigno López, cuestionó principalmente los mecanismos de control.
Consideró que los G. 4.000 millones asignados al Gabinete Civil son poco relevantes desde el punto de vista fiscal, pero –dijo– sí tienen importancia institucional.
Lamentó que no exista un criterio publicado suficientemente claro sobre qué puede ser considerado reservado, así como la falta de un control adecuado.
“Fiscalmente irrelevante, institucionalmente no.
Hay usos legítimos que ningún país documenta en tiempo real; el problema es el régimen de rendición. No hay criterio publicado sobre qué califica como reservado ni verificación ex post (…). No afirmo que haya uso indebido –no tengo evidencia–; afirmo que el diseño no permite descartarlo, y eso ya es un defecto”, expresó López.
Propuesta. Finalmente, como alternativa, el ex ministro planteó que los recursos destinados a este rubro sean sometidos a una auditoría reservada de la Contraloría General de la República.
El proyecto de PGN 2027 presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas contempla un presupuesto total de G. 166,3 billones, 11,2% superior al presupuesto aprobado para 2026.
Este fue elaborado con base en un tipo de cambio estimado en G. 6.458 para el próximo año, levemente superior al promedio actual.
Ante un escenario de crisis fiscal, principalmente por las deudas acumuladas a proveedores, el Gobierno plantea un déficit fiscal de hasta 3,9% del PIB para el próximo año.
Según señala, una parte importante de los mayores recursos estará destinada a salud, protección social o programas sociales, educación, seguridad y, justamente, al pago de las obligaciones atrasadas con empresas constructoras y farmacéuticas.
Postergaron estudio del proyecto
El estudio del proyecto de PGN 2027 fue postergado recién para la próxima semana, debido al feriado decretado para ayer lunes, día en que la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional debía llevar adelante una sesión.
Según el calendario, el próximo encuentro será el jueves 8 de octubre, cuando el debate estará enfocado en el sector de la educación. Por ello, para las 09:00 se espera contar con la participación del titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, quien debe defender su presupuesto. Posteriormente, a las 11:00, se prevé la presencia de los representantes de todas las universidades públicas del país.
El estudio del presupuesto proseguirá el siguiente lunes 12 de octubre, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
La Bicameral tiene tiempo de emitir un dictamen unificado hasta finales del mes de octubre. Una vez emitido su parecer, el documento será derivado a las plenarias del Congreso, de modo a ser estudiado por cada cámara, con un nuevo plazo de 15 días cada una
