BCP sabía desde diciembre de 2025 sobre la crítica situación de ueno bank y no actuó, según Fiscalía
El documento en el que se dispone la detención de los ex miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) Liana Emilce Caballero Krause, Miguel Ángel Mora – detenidos este viernes- y Marco Aurelio González Maldonado, explica cuáles son las sospechas sobre los ex funcionarios.
Según sostiene el equipo fiscal integrado por Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore, Laura Giacummo y Verónica Valdez, los tenían conocimiento directo de la grave crisis institucional y financiera de ueno bank, desde diciembre de 2025, pero omitieron tomar medidas correctivas, según se desprende de la Resolución Fiscal N.º 9 emitida este viernes 13 de noviembre de 2026.
De acuerdo con los fundamentos expuestos por el Ministerio Público en el marco de la causa penal N.º 92/2026 caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ Lesión de confianza y otros”, las alertas sobre la crítica situación de solvencia del banco ya constaban en el seno del Directorio del BCP desde diciembre de 2025 y febrero de 2026.
En aquellas instancias ya se advertía sobre el incumplimiento de los compromisos asumidos en el plan de factibilidad de 2024, la modificación irregular de fideicomisos sin autorización del cuerpo colegiado y la realización de operaciones excesivas con empresas vinculadas, tales como Redipro y Redisa, por un monto aproximado de USD 140 millones, en clara infracción a la Ley General de Bancos.
La investigación fiscal detalla que el escenario de riesgo fue formalmente documentado y puesto a conocimiento del colegiado en reiteradas ocasiones a lo largo de 2026 sin obtener una respuesta determinante.
Entre los antecedentes citados en la resolución figura el Memorando JD/DCM N.º 001/2026 del 29 de junio, donde se expuso el déficit de solvencia patrimonial de la entidad tras deducir G. 876.640 millones correspondientes a activos de Red Digital y Redipro, además de señalarse la falta del informe bienal de fusión con Visión Banco y la solicitud expresa de exigir un plan de capitalización.
Asimismo, los fiscales mencionan el Informe de Hallazgos del 5 de agosto de 2026, el cual dictaminó que la cesión de cartera a Vinanzas S.A. constituía una operación prohibida y una falta grave, así como las constancias asentadas en las actas de Directorio de septiembre de este año instando a adoptar medidas de obligada observancia.
Pese a contar con todos estos reportes técnicos y advertencias expresas, los directores hoy requeridos por la Justicia se limitaron a aplicar disposiciones tardías o meramente formales que no subsanaron las inobservancias detectadas.
Las Fiscalía presume que esta “prolongada y deliberada inacción institucional” permitió que subsistieran las operaciones irregulares y continuara la captación masiva de fondos del público en condiciones de insolvencia.
Para el Ministerio Público, la omisión de los deberes legales de supervisión y control por parte de los miembros del Directorio propició que la situación financiera de Ueno Bank se volviera insostenible, desembocando finalmente en la resolución de la entidad bancaria el pasado 2 de noviembre de 2026.
Esta caída ocasionó un grave y significativo perjuicio patrimonial tanto a instituciones públicas como a ahorristas privados que mantenían sus recursos depositados en el banco. Ante la gravedad de los indicios y la necesidad de que los sospechosos presten declaración indagatoria, la Fiscalía dispuso que la Policía Nacional proceda a su inmediata detención
