Piden la cabeza del presidente del INDERT: CUESTIONAN SU GESTIÓN Y LOS PRESUNTOS NEGOCIADOS CON TIERRAS PÚBLICAS
El titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Francisco Ruiz Díaz, acumula fuertes cuestionamientos por presuntas irregularidades en la administración, supuestas adjudicaciónes y cobro de tierras públicas. Pese a las denuncias, continúa al frente de la institución.
Ruiz Díaz también es señalado por sectores críticos como un hombre cercano y leal al expresidente Santiago Peña, durante cuyo gobierno permaneció al frente del ente agrario. Ahora, ante las denuncias que salpican a la institución, surge una pregunta inevitable: ¿por qué sigue ocupando la presidencia del INDERT y quién sostiene su continuidad?
Los cuestionamientos no son menores. El titular del INDERT fue denunciado ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en tres juicios ejecutivos relacionados con el cobro de tierras adjudicadas en Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay. La denuncia fue presentada por el abogado Weldon Walter Black Zaldívar.
Además, el Senado conformó una Comisión Especial de Investigación para esclarecer las denuncias de presunta corrupción relacionadas con la comercialización, utilización y adjudicación de títulos de propiedad pública.
ALTO PARANÁ TAMBIÉN DEBE ESTAR BAJO LA LUPA
La preocupación también alcanza al departamento de Alto Paraná. En la zona de ITAIPUPORÁ , según denuncias y versiones que deben ser investigadas, existirían tierras pertenecientes al Estado que estarían siendo usufructuadas por particulares, entre ellos algunos colonos de la zona.
La pregunta es quiénes ocupan esas propiedades, bajo qué documentos o autorizaciones y si realmente cumplen con las condiciones legales para utilizar terrenos que pertenecen al patrimonio público.
Es necesario que el INDERT, las instituciones de control y el Ministerio Público aclaren estas situaciones, identifiquen a los responsables y determinen si existieron adjudicaciones irregulares o apropiación indebida de tierras fiscales.
Las tierras públicas deben estar destinadas a cumplir una función social y beneficiar a quienes realmente tienen derecho, no convertirse en un instrumento de privilegios o presuntos negociados.
La ciudadanía merece respuestas: ¿habrá una investigación a fondo y responsabilidades para quienes eventualmente hayan perjudicado al patrimonio del Estado?
