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Juicio político a fiscal general: Ante incertidumbre de ANR, oposición aplazaría oficializar libelo

El pedido de juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, está pendiente de ser presentado oficialmente en la Cámara de Diputados y, por el momento, los impulsores aguardan más firmas en apoyo al libelo acusatorio a fin de avanzar en el proceso. Este lunes, sería un día clave.

La oposición, integrada por los diputados Raúl Benítez, Rocío Vallejo, Adrián Billy Vaesken, Pedro Gómez y otros que sumaron 15 en total, estamparon la rúbrica del documento.
Mientras juntan más firmas que aseguren tener los votos al momento del tratamiento del proceso contra Rolón, la oposición espera que los colorados se definan.

“Todavía (por la presentación), porque hay muchos colegas que manifestaron su interés en firmar. Veremos mañana (lunes) cómo se desarrolla la jornada de firmar”, remarcó la diputada Rocío Vallejo, una de las que encabeza el grupo que solicita la salida del fiscal general.
Destino de Rolón voto a voto
Las tres bancadas del Partido Colorado, que suman 41 votos y tienen mayoría propia, podrían inclinar la balanza, así como lo hicieron al momento de votar por el juicio político a Santiago Peña. No obstante, persiste la incertidumbre.

Dos de las bancadas, la B oficialista y la de Colorado Añeteté, excepto la bancada A cartista, tienen en sus filas diputados que podrían apoyar el juicio político.

La bancada del abdismo se reúne este lunes para decidir si vota en bloque por el juicio político. De sus filas, el diputado Mauricio Espínola es el que ya decidió que apoyará el pedido.

Incluso así, la oposición que tiene en sus filas a 34 integrantes, no solo precisa de las bancada B y Añeteté que consta de 14 miembros en su conjunto, sino también del cartismo.
Con 27 miembros en filas de HC, para que el juicio político se apruebe, precisan solo 5 votos de este sector. Este movimiento tendría este lunes una postura respecto a la situación de Rolón.
Los cargos contra Rolón
La presentación que se socializó la semana pasada, incluye cuatro cargos contra el fiscal general, que parte como tema central su deficiente actuación en el caso ueno bank.

Cargo 1. Conducción deficiente de la investigación en el caso ueno
De acuerdo con el libelo presentado, la culpa que encuentran en el caso ueno bank por parte de Rolón es por no encarar de manera correcta, menos aparatosa y con el fin de conseguir más resultados para que no se “pierdan evidencias valiosísimas” del caso.

“Tras el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank (en adelante, “UENO”) por el Banco Central, la Fiscalía imputó a 27 personas y estima un perjuicio al Estado superior a USD 815 millones. Sin embargo, el propio fiscal general admitió el 9 de noviembre de 2026 que los investigadores ???perdieron de vista incautar el teléfono de Peña y justificó que no se allanara la residencia presidencial porque los agentes están sobrepasados”, expresa la primera parte del libelo que consta de 13 folios.

Agrega que “el fiscal general ante la gravedad de los hechos ocurridos, de público conocimiento, siendo estos la mayor crisis financiera y política de la historia del Paraguay, pidió paciencia al pueblo paraguayo, además de justificar la lentitud con expresiones como que la denuncia tenía 200 hojas”.

“El fiscal general del Estado debió conformar un equipo de agentes fiscales y funcionarios para hacer frente a los diferentes hechos que se presentaron ya desde el martes 3 de noviembre y los que se suscitaron con el correr de los días”, se indica.

Para los diputados opositores, “al no tomar las medidas urgentes que requería el caso, permitió que se pierden evidencias valiosísimas, permitió que vaciaran las diferentes dependencias de los hoy involucrados y, sobre todo, privilegió en todo momento a Peña. El fiscal general frustró la persecución penal en su inicio, facilitando el ocultamiento de documentos, bienes…”, cita el documento.
Cargo 2. Retención por siete meses de la denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y administración en provecho propio contra el presidente Peña
“En octubre de 2025, los senadores Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Rubén Velázquez y los diputados Raúl Benítez, Leidy Galeano, Johanna Ortega y Adrián Vaesken denunciaron al entonces presidente Peña por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio (en adelante, “la denuncia de los legisladores”), con un crecimiento patrimonial señalado de 1.603% y vínculos con el Grupo UENO”, describe el documento.
Según hallaron, la conducta del fiscal general de nuevo fue negligente.

“La denuncia fue remitida a la Contraloría General de la República sin designarse previamente un fiscal. Los denunciantes debieron intimar a la Fiscalía para que no sustituyera la investigación penal por un análisis administrativo. Recién el 26 de mayo de 2026, unos siete meses después, fue asignado el fiscal Jorge Arce”, se señala.

El documento resalta que aún sin avance de esta denuncia y la de los “sobres”, en abril el FGE se reúne con Peña para pedirle más presupuesto. También se incluye dentro de la denuncia que la FGE cedió sus funciones a la Contraloría.

“El Ministerio Público debía investigar la denuncia de los legisladores en lugar de evadir su obligación. Esto es en relación que para investigar el patrimonio de Peña que había crecido 1600%, primero tiró el fardo a la CGR para que realizara el examen de correspondencia de Peña”, se alega.
Cargo 3. Inacción ante los sobres del poder, denunciados por Luz Candado
El libelo redactado por los diputados relata de manera cronológica y detallada el caso suscitado en setiembre de 2025, que tiene como protagonista a Luz Maribel Candado, ex encargada de tareas domésticas en Mburuvicha Róga, cuyo caso tuvo gran notoriedad pública.

«(Ella) relató públicamente el hallazgo de sobres con dólares en la residencia presidencial, reuniones fuera de agenda del entonces presidente Peña con empresarios con contratos estatales y que ella y su familia fueron sometidas a polígrafo por personal militar”, narra el documento.

De nuevo, se califica que la inacción del fiscal general quedó evidenciada al punto que estos elementos recién se ven en la imputación de noviembre de 2026.

“Pasaron dos semanas sin que el Ministerio Público abriera de oficio una investigación, por lo que los abogados María Esther Roa y Guillermo Ferreiro presentaron una denuncia formal el 25 de septiembre de 2025. Recién tras la caída de ueno, la imputación fiscal contra Peña afirmó que recibió dos sobres con USD 100.000 cada uno y que recibía de forma reservada a Miguel Vázquez”, se indica.

El documento resalta la justificación de Rolón, que para los denunciantes no tiene excusa por considerarse una clara inacción. “Si no hay evidencias, no tenemos base sólida para investigar”, había dicho Rolón el 9 de noviembre pasado de acuerdo con el libelo.

Para los acusadores, la inacción de Rolón denota claramente su incompetencia, ya que recién cuando se da el proceso de juicio político contra Peña, Rolón utiliza los mismos elementos para iniciar una causa que curiosamente antes había negado.

Cabe mencionar que en el libelo se hace mención de la conexión de los cargos 2 y 3 del documento, pues en las denuncias allí condensadas se “advertían desde 2025 sobre los vínculos entre el presidente y el Grupo Vázquez”.

“Si se hubieran investigado a tiempo, las pruebas se habrían asegurado antes de la crisis y el daño a ahorristas y fondos públicos podría haberse contenido…”, aseveran.
Cargo 4. Inacción ante el reclamo de funcionarios del Laboratorio Forense
Por último, como cuarto cargo, el libelo desarrolla la denuncia desde el propio seno de la Fiscalía por parte de funcionarios.

“En fecha 21 de mayo de 2025, los funcionarios de la Dirección del Laboratorio Forense del Ministerio Público solicitaron la intervención de la dependencia mencionada ante la situación insostenible que atravesaban”, detalla el documento.

Por último, cabe mencionar que el procedimiento de juicio político establece que se precisa de mayoría de dos tercios para darle trámite favorable al pedido en la Cámara Baja y en manos del Senado está la votación por la eventual condena y destitución

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