Juez de la causa del ex presidente Santiago Peña se inhibe y deja vacante el proceso

El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, en contacto con la radioemisora, confirmó este lunes que decidió inhibirse de la causa que investiga al ex presidente de la República Santiago Peña, supuesto líder del esquema criminal de ueno bank.
Al respecto, explicó que su decisión obedece a una cuestión particular y puntual que hace referencia a su familia.
“Es una cuestión muy particular y puntual, que hace referencias familiares relacionadas a Marco Aurelio González”, señaló.
Ahora, tras apartarse voluntariamente el magistrado por existir razones que comprometen su imparcialidad, la causa pasa al juez que debe reemplazarlo, que deberá ser asignado según el orden de turno o sorteo informático.
El ex miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) Marco Aurelio González fue imputado por el Ministerio Público en la causa N° 92/2026 por presunta lesión de confianza, producción y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, en el marco del caso ueno.
Otazú detalló que la prima hermana de mi esposa está casada con el hermano de Marco Aurelio y, a su criterio, “eso puede arrojar dudas sobre su actuar”.
“Me pueden criticar todo lo que quieran, pero lo que yo hago, queda registrado en el sistema jurídico. No puedo dejar que mi credibilidad esté comprometida”, prosiguió y afirmó que “siempre actúa de frente, guste o no”.
Para la Fiscalía, Marco Aurelio González esta sospechado de que siendo miembro titular del Directorio del BCP, entre los meses de junio y noviembre de 2026, no habría cumplido con su deber de inspección, vigilancia, regularización y protección del sistema financiero.
Además, está sindicado de haber intervenido “de forma directa en la confección y alteración del informe oficial remitido a la Honorable Cámara de Senadores, el 7 de octubre de 2026”.
Pese a que conocía de las irregularidades de ueno, los excesos continuados de crédito millonarias a personas vinculadas y el deterioro de la solvencia patrimonial del banco, y todas las alertas patrimoniales que se dieron entre julio y septiembre de 2026 por la Superintendencia de Bancos, que en un informe de Hallazgos calificó la cesión de cartera a Vinanzas como una “operación prohibida”, González no exigió nunca un plan de Regulación obligatorio



