Economista advierte que crisis de ueno puede profundizar la vulnerabilidad social y laboral
La economista y doctora en Ciencia Política, Ana Rojas Viñales, sostiene que el deterioro del sistema financiero podría afectar el empleo, los ingresos de los hogares y la inversión, en un país donde el 56,9% de los trabajadores no agropecuarios se encuentra en la informalidad.
La crisis de ueno bank, el grupo Vázquez y las empresas vinculadas podría tener consecuencias que trasciendan el ámbito financiero y repercutan sobre el empleo, los ingresos familiares y las condiciones de vida de la población, advirtió Rojas Viñales.
La profesional señaló que la situación no debe analizarse únicamente como un escándalo bancario o como la salida de un presidente, sino como el resultado de problemas estructurales relacionados con el funcionamiento del Estado, la concentración del poder económico y la subordinación de los controles institucionales a intereses políticos y empresariales.
Rojas Viñales sostuvo que las consecuencias sociales de la crisis deben formar parte del análisis, particularmente en un país donde los indicadores macroeconómicos favorables coexisten con profundas desigualdades, elevada informalidad laboral y limitaciones estatales para garantizar derechos y sostener políticas públicas.
Empleo e ingresos, entre los principales riesgos
La economista recordó que, pese a la reducción de la pobreza monetaria al 16% en 2025, equivalente a aproximadamente 985.000 personas, persisten importantes desafíos sociales.
Trabajadores del Grupo Vázquez, Itti, Ueno, Uela, Wepa y otros protestaron nuevamente hoy frente al Ministerio de Trabajo
Foto: Rodrigo Villamayor Roa ÚH.
Los ingresos laborales explicaron el 65,4% de la reducción de la pobreza entre 2024 y 2025, mientras que el 84,2% de los ingresos familiares provenía del trabajo de sus integrantes, según datos del MTESS y el INE.
Estos indicadores, señaló, muestran la dependencia de los hogares respecto de las remuneraciones y la exposición que enfrentan ante una pérdida de empleo o una reducción salarial.
La situación del mercado laboral también refleja estas dificultades. En el tercer trimestre de 2026, la tasa de ocupación alcanzó el 70%, con una diferencia de 20,3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres.
En el mismo periodo, 141.250 personas estaban desocupadas y otras 134.194 se encontraban subocupadas por insuficiencia de tiempo de trabajo. En ambos grupos, las mujeres representaban el 49,4% y el 61,6%, respectivamente.
Al sumar a las personas desocupadas y subocupadas, aproximadamente 275.444 trabajadores enfrentaban dificultades para acceder a un empleo o trabajar las horas necesarias.
A esto se agrega que el 56,9% de la población ocupada no agropecuaria se encontraba en la informalidad, equivalente a 1.639.951 personas. Además, el 61,8% de los ocupados percibía ingresos inferiores o iguales al salario mínimo legal vigente de G. 3.044.000.
Para Rojas Viñales, estos datos evidencian que tener empleo no necesariamente implica estabilidad económica ni capacidad de ahorro, situación que profundiza la vulnerabilidad de los hogares.
Riesgos para la producción y el crédito
Los fondos de organismos y entidades del Estado depositados en ueno bank alcanzaban aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones, según datos del Ministerio Público citados por la economista.
En este escenario, las investigaciones fiscales deberán esclarecer las presuntas irregularidades en las operaciones crediticias con empresas vinculadas, la colocación de fondos públicos y los mecanismos de supervisión y control.
Sin embargo, más allá de determinar qué ocurrió con los depósitos y cómo recuperar los recursos comprometidos, la especialista consideró necesario examinar los efectos sobre la producción, la inversión y el crédito.
Ana Rojas Viñales.
Un deterioro de la confianza en el sistema financiero o una restricción del financiamiento podría llevar a las empresas a reducir su actividad. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) tienen menos margen para afrontar estas dificultades, por lo que una caída de la producción podría traducirse en una reducción del empleo y de los ingresos laborales.
Las consecuencias, advirtió, podrían prolongarse más allá del ámbito financiero.
Fondos previsionales y desigualdad
La incertidumbre sobre los recursos previsionales depositados o invertidos en ueno también plantea riesgos para el patrimonio de las cajas de jubilación y la sostenibilidad de las prestaciones en el mediano y largo plazo.
Rojas Viñales sostuvo que la recuperación de los activos financieros debe considerar la protección de los derechos de aportantes, jubilados y pensionados.
La economista señaló, además, que los efectos de una crisis no se distribuyen de manera uniforme. Los hogares con patrimonio y ahorros cuentan con mayores recursos para afrontar una pérdida, mientras que quienes dependen de remuneraciones bajas o irregulares tienen menos posibilidades de absorber una caída de sus ingresos.
En el caso de las mujeres, las restricciones para acceder al empleo remunerado y la mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado pueden profundizar las desigualdades. Esta situación adquiere relevancia si se considera que más de cuatro de cada diez hogares paraguayos están encabezados por mujeres.
La respuesta estatal y los costos de la crisis
Rojas Viñales planteó que la salida de la crisis debe discutirse desde las necesidades sociales y no limitarse a la recuperación de la estabilidad financiera.
También consideró necesario revisar el modelo de desarrollo extractivo, concentrado y poco diversificado que caracteriza a Paraguay, así como el tipo de empleo que genera, la distribución de los beneficios del crecimiento y las capacidades del Estado para responder a las necesidades sociales.
La especialista advirtió que un aumento de la pobreza, el desempleo y la informalidad podría profundizar la vulnerabilidad de la población y contribuir al incremento de los niveles de delincuencia e inseguridad.
Asimismo, señaló que la baja presión tributaria y las exenciones fiscales restringen el espacio fiscal disponible para las políticas públicas, por lo que consideró que los costos de la crisis no deben trasladarse a quienes no participaron de las decisiones que condujeron a esta situación.
En ese sentido, sostuvo que deben determinarse las responsabilidades administrativas y patrimoniales y recuperarse los fondos públicos, sin dejar de atender la necesidad de sostener el empleo, proteger los ingresos y preservar los servicios de los que depende la población.
La respuesta, concluyó, debe priorizar a los hogares con menores recursos para afrontar una caída de sus ingresos, atender las desigualdades, recuperar la confianza en las instituciones y proteger los derechos de las personas, más allá de las medidas estrictamente financieras
