De acuerdo con el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 del Poder Ejecutivo, casi el 25% de los recursos públicos que estarán disponibles en el próximo ejercicio fiscal se destinarán solamente a los servicios personales o salarios del sector público. El plan de gastos presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contempla G. 37,9 billones para este rubro, equivalentes a unos USD 5.879 millones, al tipo de cambio estimado de G. 6.458.
El anexo de personal contempla 343.793 cargos, lo que representa una escasa reducción frente a los 347.000 registrados en la Ley del PGN 2026. Los sectores con mayor cantidad de puestos serán el Poder Ejecutivo, seguido por las universidades públicas y el Poder Judicial, junto con los organismos auxiliares de justicia.
Sobre este punto, es importante recordar que las instituciones de educación superior, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia incluso plantearon nuevos incrementos dentro del PGN 2027, con el objetivo de crear aún más cargos.
En cuanto a la distribución por entidades, lideran el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con 97.332 cargos, ante la gran cantidad de docentes a nivel país; el Ministerio del Interior, con 48.303, principalmente por el despliegue de los agentes de la Policía Nacional, ente para el cual se prevé la incorporación de 5.000 nuevos uniformados el próximo año. Asimismo, el Ministerio de Salud, con 35.953 cargos; el Ministerio de Defensa Nacional, con 26.604, y la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con 26.088.
Con respecto a la financiación del gasto salarial, se observa que de G. 100 que se prevé recaudar en impuestos, G. 61 se destinarán a las remuneraciones, lo que representa unos G. 29,8 billones (USD 4.627,2 millones), con un 49% dirigido hacia el sector educativo, 24% para la seguridad, 9% para el Poder Judicial, 8% para otras entidades de la Administración Central, otro 8% para las instituciones descentralizadas y 2% para el Poder Legislativo.
A los salarios se suman los recursos previstos para otros compromisos o gastos rígidos del Estado, como transferencias, jubilaciones y el servicio de la deuda pública, que reducen el margen disponible para destinar a nuevas inversiones o a sectores más vulnerables. Según el documento del MEF, las transferencias se ubican en segundo lugar, con el 18% del total y representan G. 30,4 billones (USD 4.705,4 millones), mientras que el pago de la deuda pública demandará otros G. 18 billones (USD 2.781,3 millones).
En este último caso, si bien se espera una reducción como consecuencia de la menor cotización del dólar, implica el 11% de todo el presupuesto del país, ubicándose en el cuarto lugar de mayor peso sobre el gasto.
En conjunto, estos tres gastos rígidos –salarios, transferencias y deuda– absorben alrededor de G. 86,3 billones (USD 13.365,9 millones), equivalentes a aproximadamente el 52% del presupuesto total, a pesar del discurso de austeridad y contención del gasto público del Gobierno.
En materia de inversiones, el proyecto contempla G. 15 billones (USD 2.326,8 millones) para inversión física, es decir, para la construcción o mantenimiento de obras públicas, representando el 9% del total, y otros G. 23,7 billones (USD 3.668,3 millones) para las inversiones financieras, que representan el 14%. No obstante, una parte importante de la inversión principalmente en obras irá destinada a cubrir las deudas acumuladas con las empresas contratistas que proveen al Estado.
El economista y ex ministro de Hacienda Dionisio Borda señaló que el plan de gastos no ofrece cambios significativos para las finanzas públicas, ya que se mantienen los principales problemas fiscales que ya venía enfrentando el Estado e incluso apunta a un escenario de mayor gasto y endeudamiento. A su criterio, será difícil retornar a un déficit fiscal de 1,5% del PIB en 2028, como lo proyecta el Gobierno.
Deudas flotantes seguirán en 2027
Aunque el Ministerio de Economía prevé una mejora en cuanto a lo registrado o acumulado al cierre del 2025, las deudas con proveedores del Estado continuarán siendo una presión para las finanzas públicas durante el 2027. Así lo reconoció el titular del MEF, Oscar Lovera, durante su última participación en la Comisión Bicameral que estudia el plan de gastos.
Según expuso ante los parlamentarios, en el caso de las vialeras, la deuda flotante rondaba los USD 220 millones al cierre del año pasado, pero el saldo pendiente se redujo considerablemente durante este 2026, alcanzando aproximadamente USD 40 millones. Al sumar todas las obligaciones, sin embargo, aún quedan pendientes de pago cerca de USD 130 millones.
No obstante, reiteró que los compromisos pendientes con este sector no desaparecerán por completo en el siguiente ejercicio fiscal, debido a los plazos administrativos que forman parte de la cancelación de los certificados de obras.
“Nuestra previsión es que nosotros vamos a seguir cancelando esos compromisos que se van generando, pero hay una realidad administrativa también dentro del Ministerio de Obras, que aquellos certificados que vayan ingresando en el mes de diciembre, probablemente ya no lleguen a cancelarse. O sea, vamos a tener una deuda flotante aún en el 2027, pero vinculada ya a los procesos administrativos propios del Ministerio de Obras Públicas, pero va a ser una deuda inferior o muy inferior a lo que tuvimos al 2025”, adelantó.
Más Complejo. En el ámbito de la salud pública, señaló que la situación sigue siendo un poco más compleja debido al volumen de los compromisos acumulados. Según detalló, la deuda contabilizada al cierre del 2025 ascendía a USD 1.050 millones, nivel que se proyecta mantener, aunque aseguró que la estrategia de este año consiste en evitar que se sigan aumentando.
“No cancelamos la deuda en Salud por el volumen y porque no teníamos la capacidad para responder este 2026. (…). Nuestra idea es que cierre más o menos en los mismos niveles”, acotó, recordando que el PGN 2027 también contempla una programación específica para la adquisición de nuevos medicamentos e insumos, diferenciada de las partidas destinadas a cancelar las obligaciones anteriores.
Según el nuevo plan de convergencia fiscal del Ejecutivo, este 2026 se cerraría con un déficit de 3,2% del PIB, tras la cancelación de parte de las deudas, mientras que el próximo año, los compromisos incluso dejarían un déficit de 3,9% sobre el PIB.
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional tiene tiempo hasta este viernes 30 de octubre para deliberar sobre el proyecto y emitir su dictamen.
Posteriormente, el documento deberá ser estudiado por ambas cámaras legislativas hasta que finalmente sea promulgado por la Presidencia en diciembre
