Rosa Cuenca González, de 70 años, oriunda de Aba’í, Caazapá, se quedó sin casa, en una nueva presunta trama de la mafia de pagarés. Una agroganadera la demandó por una deuda que –asegura– ya está pagada, le sacó la vivienda en un juicio ejecutivo y ahora enfrenta un juicio en lo penal por invasión de lo que ella declara es su propio hogar.
Junto a su esposo Juan de Dios Bogarín Grael y sus ocho hijos, toda su vida se dedicó a la agricultura, como pequeños productores, cultivando soja en cinco hectáreas de una propiedad rural donde construyeron la casa.
En el 2003, Juan de Dios hizo un préstamo con una empresa productora de la zona, que a su vez trabaja con una colonizadora conocida.
Se trata de un crédito de USD 6.265 (G. 37.214.100 al cambio actual) y se le hizo firmar al hombre tres pagarés en garantía.
LOS PAGOS. El trato no era pagar la deuda en billetes, sino en granos que debían llevar hasta la empresa, ubicada en la ciudad de Aba’í.
Rosa cuenta que ellos iban mensualmente a entregar parte de su producción y cada tanto le hacían firmar nuevos pagarés, como supuesta refinanciación.
Ella recuerda muy bien que tardaron años para saldar el compromiso y menciona que no siempre recuperaban sus pagarés; incluso, en varias oportunidades tampoco dejaban constancia clara sobre cuántos granos entregaban.
No se acuerda bien, pero fue entre el 2008 y el 2010, el mismo administrador de la empresa les comentó que la deuda ya se saldó por completo.
Pasaron los años, hasta que un día, un abogado Vicente Osorio, vinculado a la empresa y la colonizadora, llegó a la casa de ellos con documentos que decía que era y pedía a Juan de Dios que firmara, pero este se negó.
El hombre era analfabeto y Rosa también. Nuevamente tras el paso del tiempo saltó un juicio ejecutivo en contra de Juan de Dios, pero en Asunción; es decir, a 250 kilómetros de su residencia.
Se habían ejecutado esos pagarés que no les devolvieron. Cuando eso, ya Juan de Dios ya había fallecido.
DESALOJOS. En febrero del 2018, una comitiva judicial-policial llegó a la casa familiar con un mandamiento de desalojo del entonces juez Civil Hugo Becker.
Con ese mandamiento, Rosa y sus hijos fueron echados de la casa entre llantos y desesperación; simplemente no entendían qué había pasado, ni por qué perdieron su hogar.
Todavía desconcertados, al día siguiente volvieron y se instalaron nuevamente en la casa, pensando que no hacían nada malo.
Tiempo después se enteraron de que la vivienda fue rematada a través de un juicio ejecutivo.
La mujer y una de sus hijas llegaron hasta la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de Pagarés del Senado, desde donde cuestionaron que se utilice la vía penal “para resolver un conflicto de esa naturaleza”.
Explicaron que tampoco se les puede atribuir a Rosa y a sus hijos el delito de invasión porque no hubo clandestinidad ni violencia.
• Casi llegó a tomar veneno por desesperación: “Yo trabajé esa tierra, crie a mis hijos y viví allí con mi marido. Nunca fui una invasora”. Rosa Cuenca, víctima.
El juicio oral por “invadir” su casa será el 13 de octubre
Como si no fuera suficiente todo el pesar que pasó la familia porque su casa sea rematada, la agroganadera recurrió a la vía penal, denunciando este año supuesta invasión de inmueble a Rosa Cuenca y sus hijos, agravando la angustia de la familia.
El fiscal José Núñez le imputó y luego acusó, llevando el caso a juicio.
Ahora, el próximo 13 de octubre deben presentarse ante el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Blanca Paiva, Carlos López y Blanca Barúa.
El caso incluso podría llevar a Rosa, con 70 años, y a sus hijos a la cárcel.
“Yo trabajé esa tierra, crie a mis hijos y viví allí con mi marido. Nunca fui una invasora”, lamenta ella, quien casi llegó a tomar veneno en medio de su desesperación
