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Fiscalía pone en la mira a funcionarios tras desmantelar red de distribución en cárcel de CDE

El fiscal antidrogas Elvio Aguilera confirmó que, tras el allanamiento encabezado por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, se inicia una nueva etapa investigativa destinada a identificar a quienes facilitaron el abastecimiento de drogas dentro del establecimiento.

“Ahora formalmente empieza la investigación. Vamos a seguir investigando y si encontramos algún funcionario que tendría participación en el ingreso, como así también en la distribución de la sustancia, lógicamente vamos a procesar a ese funcionario”, afirmó Aguilera.
Un interno señalado como principal distribuidor
El operativo tuvo como principal objetivo a Rubén Rodas Portillo, procesado por el homicidio del taxista Alfredo Jara, ocurrido en 2023, crimen por el cual también fue procesada la viuda de la víctima, María Liliana Velázquez Villasantti.

Rodas Portillo, conocido con el alias de Sombrero, aparece ahora como el supuesto organizador de la distribución de drogas dentro del penal.

Según explicó el fiscal, toda la intervención se originó a partir de información de inteligencia obtenida por la Senad, que señalaba al interno como responsable del comercio de sustancias ilícitas entre los reclusos.

“Esa es la información que tenemos, que él distribuye acá a los internos adictos que se encuentran privados de libertad”, sostuvo.
Durante el allanamiento, los intervinientes encontraron la mayor parte de las evidencias en la celda ocupada por Rodas Portillo.
Drogas, dinero y una celda con múltiples comodidades
En la requisa fueron incautadas importantes cantidades de pasta base de cocaína, crack, clorhidrato de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo, monedas de distintas denominaciones, teléfonos celulares y otros elementos considerados relevantes para la investigación.

También llamaron la atención varios cuadros con la imagen del narcotraficante colombiano Pablo Escobar encontrados dentro de la habitación.

El fiscal relató que el procedimiento no fue sencillo, ya que la celda permanecía asegurada con cadenas y fue necesario forzar el acceso.
“A nuestra llegada estuvo bastante asustado. Tuvimos que romper la puerta para ingresar y él no manifestó absolutamente nada respecto a las evidencias encontradas”, indicó.

Otro aspecto que sorprendió a los investigadores fueron las comodidades con las que contaba el interno. La habitación disponía de aire acondicionado, televisor, heladera y otros electrodomésticos poco habituales en un centro penitenciario.

Aunque Aguilera evitó calificarlo como un preso vip, reconoció que “era una habitación con todos los elementos y buenas comodidades”.

El Ministerio Público también se incautó de teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para reconstruir posibles contactos con proveedores externos y determinar si existía una red organizada de distribución de drogas dentro y fuera del establecimiento penitenciario.
“Incautamos teléfonos celulares y, a partir de ahí, empezaremos a rastrear si podemos identificar a otras personas más”, explicó el agente fiscal.

Los investigadores buscan establecer quiénes proveían las sustancias ilícitas, cómo ingresaban al penal y si existían otros internos involucrados en la comercialización.
Información de inteligencia permitió el operativo
Aguilera destacó que el procedimiento fue posible gracias a un trabajo previo de inteligencia desarrollado por la Secretaría Nacional Antidrogas.

“Teníamos información de inteligencia manejada por los agentes especiales de la Senad y, en tal sentido, nos constituimos en el lugar, donde encontramos una importante cantidad de sustancias estupefacientes de distintas clases”, manifestó.

El caso ahora se centra en desarticular toda la estructura que habría permitido el funcionamiento del presunto esquema de narcotráfico dentro del centro penitenciario, sin descartar la imputación de funcionarios públicos si las evidencias confirman su participación en el ingreso o distribución de las drogas

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