Expertos describen una Defensoría del Pueblo en deuda, marcada por el cuoteo y la intrascendencia

Expertos denuncian que la Defensoría del Pueblo atraviesa una crisis de intrascendencia, marcada por un histórico sometimiento a los intereses del cuoteo político-partidario. Aunque reconocen algunos avances en materia de acceso a la salud y en la indemnización de las víctimas de la dictadura, advierten que la institución mantiene una gran deuda en materia de derechos humanos en Paraguay.

En el marco del proceso de selección para la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Adjunta, representantes de la sociedad civil revisan la historia de la institución y coinciden con su intrascendencia a pesar de las amplias posibilidades que tiene para trabajar en materia de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo en Paraguay fue creada mediante la Constitución Nacional de 1992 y reglamentada formalmente el 14 de noviembre de 1995 con la promulgación de la Ley 631. Desde entonces pasaron por la titularidad Manuel Páez Monges, Miguel Godoy y Rafael Ávila Macke.

Para el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Dante Leguizamón, ninguna de las gestiones fue satisfactoria porque no cumplieron con importantes funciones a pesar de contar con presupuesto, pero además los acusa de mantener un esquema que resguarda a operadores políticos dentro de la institución.

“Sus gestiones han dejado bastante que desear; no han logrado construir una institución sólida, una institución que aporte a las problemáticas necesarias en materia de derechos humanos. Hay algunas áreas desarrolladas, pero la calidad y la fortaleza que tiene la Defensoría del Pueblo, en capacidad técnica, es muy difícil, y no han logrado salir del trabajo mínimo y muchas veces ligados al trabajo político-partidario”, cuestionó.

Aunque reconoció que la Defensoría del Pueblo trabajó en la indemnización a víctimas de la dictadura stronista y amparos para la atención a la salud, aunque muchas resoluciones judiciales no se cumplieron, considera que no logró posicionarse para apuntalar una agenda de derechos humanos.

“La Defensoría del Pueblo se puede ocupar de los casos particulares, pero no debería ser una institución que trabaje solo con casos particulares, sino que debe trabajar en políticas de derechos humanos estructurales o impulsar cambios estructurales cuando la estructura es la que viola derechos humanos en materia de acceso a la salud, acceso a derechos de las personas privadas de libertad, entre otros.

Diana Vargas, experta en derechos humanos y que actualmente es directora de la Comisión de Investigación Antimafia de Pagarés del Senado, coincidió en varios puntos e hizo énfasis en el sinnúmero de reclamos que le competen atender en un país como Paraguay, donde los servicios públicos no están orientados para dar cobertura de derechos.

“El desempeño hasta ahora de la Defensoría del Pueblo sigue siendo intrascendente para la vida de quienes residen en este país, no se ha convertido en una dependencia en la cual la ciudadanía se pueda sentir identificada y escuchada en una instancia que efectivamente sea el lugar donde se canalizan los reclamos ciudadanos”, lamentó.

Vargas considera que la gestión pasada de Miguel Godoy fue la peor de todas, pero tampoco le convence la actual, de Rafael Ávila, especialmente luego de ver su respuesta a la denuncia de las aspirantes de la Policía Nacional que fueron excluidas a pesar de tener mejores puntajes frente a hombres que sí fueron aceptados.

“En un Estado como el nuestro, con servicios deficientes y la democracia que no ha llegado a las instituciones, creo que es una de las instituciones más importantes, pero no es vista así, pero no es casual; finalmente, los decisores son conscientes de que el Estado paraguayo no garantiza derechos y en muchos casos son instituciones de gua’u (mentira), porque está montado el esqueleto, pero no tiene nada que ver con sus fines”, afirmó.

Por su parte, para el comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), Óscar Ayala Amarilla, la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones más importantes desde el punto de vista de los derechos humanos y advierte que la persona que la dirija debe reunir ciertas condiciones, como idoneidad, trayectoria y compromiso, asumiendo además que su accionar provocará tensiones en las relaciones de poder político y económico. En ese sentido, destacó que es pertinente su independencia político-partidaria.

“Hasta aquí, al menos la experiencia nos demuestra que las designaciones que se dieron fueron básicamente resultados de acuerdos político-partidarios, en donde se negociaban un cargo por otro y cuando esto se encara de ese modo en una institución tan sensible como la Defensoría del Pueblo, evidentemente el resultado es pobre y creo que eso lo tenemos a la vista”, manifestó.

Al respecto, planteó la importancia de que la próxima designación no ingrese dentro de ningún cuoteo político. Además, piensa que no necesariamente deba negociarse para posicionar a postulantes que respondan a la oposición, especialmente porque actualmente es muy difícil saber a qué sector responde una autoridad.

“Hoy creo que el criterio de oficialismo y oposición está como muy diluido, no hay un territorio muy definido para decir ‘bueno, este sector es opositor y este otro es oficialista’, porque existen conductas políticas que traspasan todo eso que imaginariamente a veces nosotros queremos encasillar en un ámbito”, señaló.

Los expertos consideran que los sectores más desprotegidos en Paraguay y que deberían tener una especial atención de la Defensoría del Pueblo son los pueblos indígenas y comunidades campesinas, así como personas LGTBI.

Sobre el proceso de selección piden sobre todo transparencia y audiencias públicas con la sociedad civil para revisar los perfiles de candidatos.

“Esperamos que a partir del cierre de las candidaturas se generen espacios de diálogo con la ciudadanía, con la sociedad civil, con los sindicatos y otros grupos para evaluar efectivamente las capacidades de las personas que se están postulando a estos cargos y poder efectivamente lograr una persona con trayectoria en materia de derechos humanos, con apertura y con entendimiento de la construcción democrática de políticas públicas, de una agenda de derechos humanos y con perspectiva de género también”, pidió el representante de Codehupy.

El plazo para postularse cierra este lunes y hasta el viernes se habían presentado 29 candidatos, entre ellos el defensor del Pueblo actual, Rafael Ávila Macke, y la adjunta Natalia Sosa Flores.

La lista está copada de afiliados al Partido Colorado, incluso la propia Natalia Sosa, a pesar de que la Ley 631 obliga a las autoridades a pedir la suspensión de su estatus partidario.

La Cámara de Senadores debe elegir la terna, mientras que los diputados deben hacer las designaciones mediante una mayoría de dos tercios.