A través de su representante legal, el abogado que enfrentará un juicio oral tras haber sido denunciado por instalar un GPS en el vehículo de su ex pareja y cámaras en la vivienda que compartían, negó los hechos que se le atribuyen.
La abogada Solange Guerreño apuntó contra la fiscala de la causa, Irma Llano, por supuestamente no respetar la presunción de inocencia de su cliente.
“Lo más grave de todo esto, no es solamente esta exposición mediática de un banquero que aún no está cumplida, sino para mí es la irresponsabilidad y la falta de objetividad de la fiscala Irma Llano”, arremetió la abogada en comunicación con radio Monumental 1080 AM este martes.
Guerreño cuestionó a la investigadora del caso, afirmando que muestra preferencia manifiesta con la supuesta víctima de este caso, que también es agente del Ministerio Público.
“Lo que a mí verdaderamente me preocupa es que no tiene el deber constitucional de actuar con objetividad, prudencia institucional y que aparezca públicamente instalando narrativa unilateral”, agregó.
La abogada alegó que su cliente instaló la cámara en la casa en que convivía con su ex pareja por razones de seguridad y no para espiar a la mujer.
Señaló que la denuncia contra su defendido se realizó luego de que haya abandonado su domicilio para rehacer su vida sentimental con otra persona.
“Después de tantos meses de pelea y separación deseada, él decide rehacer su vida. Cuando la señora se entera de este hecho, se va, le ataca, le agrede físicamente a la nueva pareja, no contento con eso, agarra su vehículo, choca e impacta cinco veces por el vehículo de mi cliente”, detalló.
La fiscala Irma Llano había mencionado que el denunciado fue acusado por la supuesta comisión de los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, lesión del derecho a la comunicación y a la imagen y pornografía infantil.
En ese contexto, especificó que el acusado colocó GPS en el vehículo de su ex pareja y también instaló cámaras que apuntaban directamente a la cama, dentro de la habitación de la vivienda que compartieron durante el matrimonio, que terminó tras 12 años de relación.
La identidad de los involucrados se omiten en el marco del artículo 9 de la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres, contra Toda Forma de Violencia, que prohíbe la reproducción particular o difusión pública de información sin autorización de quien la padece.
