Formas de prevenir la violencia contra las mujeres, en el centro del debate gubernamental
La Mesa de Prevención de la Violencia contra la Mujer (Previm) reunió a autoridades del Ejecutivo, Judicial y organismos de cooperación, que aprobaron los lineamientos para el Plan 2026, centrando el foco en la prevención y el uso eficiente de los recursos.
En la reunión, redefinieron la hoja de ruta de la mesa, con acciones concretas para prevenir la violencia contra las mujeres.
En el encuentro se presentó el reglamento operativo actualizado y los ejes para el Plan de Acción 2026. Esto apunta a ordenar la intervención estatal con metas que puedan ser medibles y una mejor distribución de recursos.
Uno de los puntos centrales es evitar la superposición de funciones entre instituciones, un problema recurrente en políticas públicas de carácter transversal.
Durante la sesión se remarcó la necesidad de fortalecer la prevención. La primera dama, Leticia Ocampos, sostuvo que el enfoque debe centrarse en anticipar los hechos de violencia mediante la identificación temprana de señales de riesgo y una respuesta estatal más rápida. “Prevenir es llegar antes”, resumió.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, insistió en que la articulación entre instituciones es clave para reducir los tiempos de respuesta y así eliminar las trabas que afectan la atención temprana a víctimas.
La Mesa Previm fue creada por la Ley N.º 5.777/16 como un espacio de coordinación interinstitucional. Su función es integrar políticas de prevención, atención, protección y reparación en casos de violencia contra las mujeres, involucrando a distintos niveles del Estado.
En la práctica, el desafío sigue siendo traducir esa estructura en resultados concretos. Las autoridades coincidieron en que el fortalecimiento de este espacio depende de la capacidad de ejecutar acciones conjuntas y sostenidas.
La sesión fue encabezada por la ministra de la Mujer y contó con la participación de la primera dama, además de ministros de áreas clave como Salud, Justicia, Niñez, Trabajo y Tecnologías, junto con representantes del Ministerio Público y la Defensa Pública. También asistieron delegados de la cooperación internacional.
El proceso cuenta con respaldo técnico y financiero de agencias y fundaciones internacionales.
La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema estructural que exige respuestas coordinadas, sostenidas y evaluables en el tiempo, señalaron las autoridades
