Alrededor de 70 funcionarios con cargos de dirección y jefatura en el Instituto de Previsión Social (IPS) percibieron de manera irregular bonificaciones por responsabilidad en la gestión presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2024, según la observación 3 de la Contraloría General de la República (CGR).
Los montos individuales de estas asignaciones habrían alcanzado hasta G. 5.600.000 mensuales, elevando en algunos casos las remuneraciones totales por más de G. 30 millones.
En conjunto, el IPS desembolsó G. 823.119.999 bajo este concepto, pese a que, según la CGR, los pagos no se ajustaron a lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 1092/2024, que regula el Presupuesto General de la Nación.
La normativa dispone que dicha bonificación debe destinarse exclusivamente a funcionarios que realizan tareas técnicas vinculadas directamente a los procesos presupuestarios, como formulación, ejecución, control y evaluación, así como a actividades específicas del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Contraloría señala que los beneficiarios identificados ocupaban cargos de nivel superior, lo que contraviene el espíritu de la norma. En ese sentido, la Contraloría concluyó que no se cumplió con los criterios establecidos, en lo referente al perfil funcional requerido.
El hallazgo fue comunicado al IPS y se le solicitó a la institución justificar tanto la inclusión de estos funcionarios en la planilla de beneficiarios como el pago sostenido de la bonificación.
QUÉ ARGUMENTÓ IPS. En su descargo, el IPS defendió la legalidad de los pagos. A través de su Dirección de Auditoría Interna, la institución argumentó que las bonificaciones fueron asignadas conforme a su normativa interna, que reglamenta la ejecución presupuestaria y las asignaciones complementarias. Según esta disposición, son las direcciones y gerencias las responsables de proponer a los funcionarios beneficiarios, certificando que estos cumplen funciones vinculadas a la gestión presupuestaria.
El IPS sostuvo además que no existe una incompatibilidad normativa que impida que funcionarios de nivel superior perciban este tipo de bonificación. Incluso afirmó que las funciones desempeñadas por los directivos pueden enmarcarse dentro de los procesos descritos en el decreto reglamentario, por lo que, a su criterio, los pagos se realizaron conforme a derecho.
La Contraloría rechazó estos argumentos y concluyó que la normativa interna del IPS no puede contradecir al decreto reglamentario nacional, y que la inclusión de directivos y jefes desvirtúa el objetivo del beneficio. En consecuencia, el equipo auditor se ratificó, señalando que los pagos fueron efectuados fuera del marco legal.
• 4.488 millones de guaraníes sería el monto total en tres tipos de bonificaciones que pagó el IPS a jefes y directores.
Para inflar los salarios a leales
En el 2024, Contraloría constató que la administración de Jorge Brítez repartió indistintamente bonificaciones de gestión administrativa y presupuestaria a quienes no desempeñaban la función. Suman más de 200 los beneficiados por estos pagos, en su mayoría directores que cuentan con salarios de G. 14.000.000 y otras bonificaciones que suman más de G. 10.000.000 por diferentes asignaciones
