Interventor de Ciudad del Este responde a los audios filtrados: “Fue una jugada de mafiosos”
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, calificó el episodio de los audios, donde supuestamente pide favores a cambio de dictaminar en contra del suspendido intendente Miguel Prieto, como una “estrategia mafiosa”.
Ramón Ramírez aseguró que detrás de la filtración hay sectores vinculados al oficialismo municipal, los mismos que, según él, violentaron oficinas de la Intendencia para generar caos y sembrar desconfianza.
“No les importó destrozar toda la institución, evidentemente eran gente comprometida con el oficialismo. La puerta principal, de la cual nosotros no tenemos llave, fue violentada. Cambiamos cerraduras no para ocultar nada, sino por seguridad de la documentación”, sostuvo.
El interventor admitió que parte de los audios corresponden a su voz, pero denunció que fueron editados y manipulados.
“Reconozco que es mi voz, pero no puedo reconocer el contenido porque está cortado, mezclado. En uno comienzo hablando con una persona y termino con otra. Eso evidencia manipulación”, dijo.
Entre los fragmentos que circularon, uno de los más mencionados alude a la reducción del monto de la supuesta malversación. Ramírez explicó que en efecto mientras la Contraloría habló de G. 42.000 millones, la intervención comprobó G. 29.000 millones, y que esa diferencia fue utilizada como insumo para tenderle una trampa.
Otro de los puntos más delicados gira en torno al supuesto pedido de una pasantía para su hija, presentado en redes como un favor indebido. El interventor rechazó categóricamente esa interpretación.
“Fue una pasantía académica no remunerada de un mes y medio en la ANDE, como cualquier estudiante hace. No hubo tráfico de influencias ni aprovechamiento de mi cargo. Hoy ella ya volvió a sus estudios en Estados Unidos”, aclaró.
Ramírez reveló además que su gestión estuvo sometida a presiones desde ambos frentes. Por un lado, sectores que querían una intervención lapidaria contra Prieto, y por otro, grupos que exigían suavizar el dictamen.
“No seamos ingenuos, las presiones eran políticas y de ambos lados. Recibí amenazas de muerte en mi teléfono, lo puse a conocimiento de la Fiscalía. También intimaciones notariales y amedrentamientos. Pero garantizo que nuestro trabajo fue técnico y está a toda prueba”, enfatizó.
