El decreto establece la adquisición obligatoria de los productos de la agricultura familiar y de las mipymes en los porcentajes definidos. Foto: Gentileza
El gremio de empresas proveedoras solicitó apoyo del Gobierno para garantizar el cobro por los servicios prestados ante los problemas registrados en el sistema de recepción de los alimentos. Además, alertó sobre las dificultades logísticas en el cumplimiento de la compra de la producción nacional cuando hay escasez de los productos.
El titular del Gremio de Empresas Proveedoras de Alimentación Escolar y Empresarial (GAEPY), Carlos Carlson, informó al canal GEN que presentaron una nota al Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) para solicitar una prórroga en la implementación del Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), herramienta digital con la que se registran las raciones entregadas a diario en las instituciones educativas.
Explicó que el gremio se ve imposibilitado de cumplir al 100% con la carga de datos en el sistema, debido a factores externos a las empresas, como la falta de conectividad en las escuelas, problemas técnicos en la plataforma, y la falta de capacitación de directores escolares, quienes deben confirmar la recepción diaria de alimentos.
Desde el CONAE respondieron que son mínimos los problemas, según comentó Carson. Sin embargo, el entrevistado insistió en que las fallas, por más pequeñas que parezcan, impiden el cobro por los servicios ya ejecutados. “El sistema es solo una parte administrativa, no afecta la provisión de alimentos, que se cumple en su totalidad por las empresas adjudicadas. Pero sin esa confirmación de los directores, no podemos procesar nuestras facturaciones”, advirtió Carlson.
Por otro lado, Carlson también se refirió al decreto que obliga a las empresas adjudicadas a comprar al menos el 10% de productos de la agricultura familiar y el 5% de MIPYMES. Aunque valoró la intención del Gobierno de apoyar al sector productivo local, cuestionó la viabilidad de la medida ante la falta de producción constante en el país.
“¿Qué pasa en febrero o marzo cuando no hay tomate o cebolla nacional? ¿Cómo cumplimos con ese 10% obligatorio?”, cuestionó, y pidió alternativas del Ministerio de Agricultura para asegurar el cumplimiento contractual en épocas de escasez.
En otro momento, sobre los controles laborales impulsados por el Ministerio del Trabajo, Carlson defendió a las empresas, al señalar que la rápida implementación del programa Hambre Cero —en menos de 60 días desde la adjudicación— no permitió completar a tiempo la formalización de todos los trabajadores en el sistema REOP.
“El 22 de febrero recibimos la orden de inicio para la provisión, contratamos y en ese momento hubo intermitencias en el sistema informático del Estado. No fue por causa de las empresas, sino que por el sistema del Estado”, concluyó.
