Nacionales

Repudian amenazas de un empresario hacia fiscal que investiga caso de Ueno Bank

La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial, firmado por su titular, la Dra. Alba Rocío Cantero Vera, en el que repudia los episodios de hostigamiento, intimidación y amenazas, denunciados públicamente por el agente fiscal Silvio Corbeta Dinamarca, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, en el marco de las investigaciones del caso Ueno Bank.

Ante esta situación, la institución informó que ya se han adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad del fiscal y el normal desempeño de sus funciones.

Tanto la titular del Ministerio Público como el gremio de agentes fiscales, consideran que estos hechos forman parte de un intento de condicionar el ejercicio de la acción penal pública.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó a la Policía Nacional que disponga, dentro de sus competencias, los recaudos de protección correspondientes. Finalmente, la fiscal general reafirmó que ningún acto de presión detendrá la labor institucional y aseguró que las pesquisas continuarán con independencia, objetividad y estricto apego a la ley para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay expresó su rechazo a las amenazas recibidas por el fiscal Silvio Corbeta, atribuidas al imputado Fabricio Martínez Appleyard, tras un allanamiento realizado en GSR Security, empresa vinculada al Grupo Vázquez, en el marco de la investigación del caso Ueno Bank. En un comunicado, el gremio sostuvo que estos hechos no representan solamente un agravio personal contra el agente fiscal, sino también un intento de condicionar el ejercicio de la acción penal pública.

“La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay expresa su repudio a las amenazas de las que fue objeto el agente fiscal Silvio Corbeta como consecuencia de un allanamiento realizado en el marco de la investigación conocida como caso Ueno Bank por parte de la persona encargada del lugar donde se llevó a cabo la diligencia”, expresa el manifiesto.

Los agentes afirman que “el hecho no constituye solo un agravio personal contra el citado agente fiscal, sino también un intento de condicionar el ejercicio de la acción penal pública”, función que los agentes cumplen por mandato constitucional

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba