¿Nuevo gobierno o maquillaje político? Alliana mantiene estructura que sostuvo a Peña, señalan

La llegada de Pedro Alliana a la Presidencia de la República, tras la destitución de Santiago Peña en medio del escándalo de ueno bank, abrió una nueva etapa política, pero también instaló una interrogante sobre la profundidad de los cambios que está dispuesto a impulsar el nuevo mandatario: ¿se trata de una renovación del Gobierno o de un reacomodo de nombres dentro de la misma estructura de poder?
Los politólogos Gustavo Setrini, Rocío Duarte y Gustavo Ibarra analizaron los primeros movimientos de Alliana y coincidieron en que hasta ahora no existen señales suficientes de una ruptura con el modelo político que sostuvo a Peña.
Para Setrini, los cambios muestran una importante continuidad dentro del Gobierno, especialmente si se considera que el poder político tiene una fuerte concentración en el Congreso Nacional.
El politólogo sostuvo que la sucesión presidencial y la elección del vicepresidente Antonio Barrios por parte del Congreso no modificaron sustancialmente la correlación de fuerzas.
“Hubo nomás un reacomodo dentro de ese Gobierno y eso conduce al desafío más grande de Alliana, que es convencer que los cambios que puede hacer él, con estos nombramientos, sean suficientes para extirpar, para remover la parte del gobierno que fue responsable del fraude de ueno bank y los costos que está imponiendo a la economía, a la sociedad, que son costos inmediatos muy altos”, remarcó Setrini.

Gustavo Setrini, politólogo.
A su criterio, el principal desafío del nuevo presidente consiste en convencer a la ciudadanía de que los nombramientos y relevos realizados son suficientes para apartar a los sectores responsables de la crisis.
Setrini advirtió que el impacto del caso trasciende a los ahorristas afectados, debido a que también golpea el consumo, las fuentes de trabajo y a las familias que dependían económicamente de la entidad financiera.
A esto se suma la incertidumbre sobre la situación fiscal y la sostenibilidad de las cajas jubilatorias, problemas que ya existían antes del escándalo, pero que ahora enfrentan una presión adicional.
El politólogo considera que uno de los mayores dilemas políticos para Alliana será determinar quién terminará pagando los costos económicos del fraude.
“En el corto y mediano plazo implica decisiones políticas de quién paga el costo que generó este fraude”, señaló.
En ese sentido, explicó que una investigación rigurosa podría revelar responsabilidades y complicidades de personas que todavía permanecen dentro del Gobierno. Sin embargo, si no se avanza en esa dirección, los costos podrían terminar trasladándose a otros sectores de la sociedad.
Setrini mencionó como posibles escenarios los recortes a los sistemas jubilatorios, que afectarían directamente a los beneficiarios, o la utilización de nuevos recursos públicos para cubrir los compromisos, lo que podría traducirse en mayor endeudamiento o presión tributaria.
“Realmente es un escenario con costos políticos casi con todas las decisiones que se puedan tomar, en un contexto donde el Gobierno está muy deslegitimado”, analizó.
A su criterio, la administración de Alliana intentará instalar la narrativa de que los cambios representan el inicio de un nuevo Gobierno y que esto permitiría recuperar cierta normalidad. Sin embargo, advirtió que existe escepticismo sobre la posibilidad de que las investigaciones alcancen a todos los responsables.
Riquelme y la apuesta por nuevos rostros
Otro de los movimientos que concentra la atención política es el protagonismo que adquirió Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio y posteriormente incorporado al Consejo de Administración de Itaipú.

Rocío Duarte, politóloga.
Su perfil empresarial y sus vínculos familiares con el tradicionalismo colorado, al ser hijo del fallecido dirigente Blas N. Riquelme, también forman parte del análisis sobre la configuración del nuevo esquema de poder.
Para Rocío Duarte, los cambios impulsados por Alliana tienen, hasta ahora, un componente principalmente comunicacional. Al analizar los perfiles de las nuevas autoridades, no encuentra una trayectoria profesional sustancialmente diferenciada de quienes las precedieron. Considera que predominan las personas de confianza de la dirigencia del Poder Ejecutivo y del Partido Colorado.
En el caso de Riquelme, observa una combinación entre su trayectoria empresarial y su pertenencia a una familia vinculada históricamente al tradicionalismo colorado.
“En ese sentido, se lo está posicionando y el protagonismo que se le está dando tienen un poco la intención de probar las aguas, hasta qué punto resulta aceptable para la ciudadanía en general su imagen o por lo menos hasta qué punto no es abiertamente rechazado y criticado como sí lo son algunas personas que siguen en el Gobierno”, dijo Duarte.
Por su parte, el politólogo e investigador Guzmán Ibarra considera que el ascenso de Riquelme refleja un problema más profundo dentro del Partido Colorado: su capacidad de organización electoral no necesariamente se traduce en la formación de cuadros políticos con preparación para conducir el Estado.
Recordó que la ANR viene incorporando figuras provenientes del empresariado, el deporte y los espacios tecnocráticos, como ocurrió con Horacio Cartes y Santiago Peña, entre otros.
Según su análisis, en esa selección de dirigentes parece pesar más el prestigio social y el poder económico que la formación política y el conocimiento de la Administración Pública. Para Ibarra, el agotamiento político ya no se limita al cartismo, sino que comienza a evidenciar un problema más amplio del Partido Colorado, que alcanza a sus ideas, programas y mecanismos de selección de liderazgos.
La disputa por desmarcarse de Peña y el 2028
Rocío Duarte identifica dos grandes desafíos para Alliana: uno partidario y otro estatal. En el plano político-electoral, considera que el presidente necesita desmarcarse de la gestión de Peña y demostrar que existe una voluntad de cambio dentro del propio Partido Colorado, especialmente con miras a las elecciones generales del 2028.
La politóloga sostiene que el oficialismo estaría construyendo una explicación de la crisis que concentra en Santiago Peña la principal responsabilidad, e incluso intenta presentarlo como el único culpable de lo ocurrido.
Esta estrategia permitiría al sector gobernante intentar recuperar la imagen de la ANR y separar al partido de las consecuencias políticas de la administración anterior.
Sin embargo, Duarte advierte que los cambios en el Gabinete no muestran todavía una agenda orientada a resolver el otro gran desafío: la reconstrucción de la institucionalidad estatal.
Gustavo Ibarra, politólogo.
A su criterio, no existen señales suficientes de que se estén recuperando los mecanismos de control interinstitucional que fueron debilitados durante el gobierno de Peña.
En ese sentido, considera que la renovación de autoridades no equivale necesariamente a una recuperación de los controles y contrapesos del Estado.
Ibarra también cuestiona la posibilidad de que Alliana pueda establecer una conducción sustancialmente diferente a la de su antecesor.
Si bien reconoce que Peña llegó al poder con un perfil presentado como tecnocrático, mientras que Alliana proviene directamente de la estructura partidaria, sostiene que no observa diferencias de fondo en el esquema de conducción.
“El eje del asunto es que no tiene autonomía política ni ideas. Necesita ganar credibilidad y la realidad es que se encuentra rodeado y condicionado por la facción que hizo posible y sostuvo el gobierno de Peña”, afirmó.
El analista considera que cuestionar profundamente la administración anterior también implicaría cuestionar a los sectores que sostienen el actual poder presidencial.
Por eso, plantea una contradicción central en la misma línea que Gustavo Setrini: Alliana necesita investigar y marcar distancia de la gestión que terminó en crisis, pero su propia llegada al poder depende de la misma estructura política que acompañó a Peña.
El éxito electoral frente al agotamiento político
Para Ibarra, la situación actual expone una paradoja dentro del Partido Colorado. La ANR llega a este escenario luego de un importante desempeño en las elecciones municipales, con una estructura territorial que conserva su capacidad de organización y control del poder.
Sin embargo, ese éxito electoral convive con señales de agotamiento político.
El politólogo considera que la fortaleza electoral del partido no necesariamente se traduce en capacidad para impulsar las transformaciones estructurales que necesita el país.
“El gran problema es que su fortaleza electoral no le sirve para hacer los cambios estructurales que el país necesita”, sostuvo.
En ese contexto, Alliana queda al frente de una contradicción que condiciona su administración: debe recuperar la confianza pública, esclarecer las responsabilidades por el caso ueno bank y demostrar una nueva orientación política, pero depende de los mismos sectores que hicieron posible el Gobierno anterior.
Considera que la discusión va más allá de los nombres que entran o salen del Gabinete, ya que lo que está en juego es si el nuevo presidente tiene margen para modificar las estructuras de poder, restablecer los controles institucionales y asumir los costos políticos de investigar a quienes todavía forman parte de su entorno de Gobierno.
Principales movidas en el gobierno de Alliana
Entre los cambios más relevantes figuran la designación de Ariel Martínez Fernández en el Ministerio del Interior, el traslado de Juan Carlos Baruja desde el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y el nombramiento de Rolando De Barros Barreto Acha como jefe del Gabinete Civil, tras dejar el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
También se registraron movimientos en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación con la salida de Gustavo Villate, cuestionado fuertemente por el caso de campaña sucia y los gastos que habría implicado la campaña “Paraguay Gigante”.
Asimismo, en el Banco Central del Paraguay (BCP) propuso a Jorge Schreiner tras la inestabilidad que causó el encarcelamiento del ex titular Carlos Carvallo y de los miembros del Directorio que habrían operado a favor de ueno bank.
Sin embargo, Alliana mantuvo a varios ministros de la administración anterior en puestos clave, entre ellos Oscar Lovera en Economía y Finanzas, Rubén Ramírez Lezcano en Relaciones Exteriores, Isaías Fretes en Salud, Óscar González en Defensa, Luis Ramírez en Educación y Tadeo Rojas en Desarrollo Social.
En el caso de Rolando De Barrios, Rubén Ramírez y Marco Riquelme además fueron designados como consejeros de Itaipú, donde a su vez fue destituido como director del lado paraguayo Justo Zacarías como consecuencia del caso ueno. En su reemplazo, Alliana nombró a Hugo Zárate, quien ostenta un patrimonio superior a los USD 5 millones



