“No estamos pidiendo donación ni subsidio”, exhortan ex empleados, desesperados, en una carta a Alliana

A través de una carta abierta dirigida al presidente de la República, Pedro Alliana, los ex trabajadores del Grupo Vázquez reclaman una respuesta inmediata al Estado y a los representantes del Gobierno.
Describieron que lo que sucedió no es la quiebra común de una empresa privada cualquiera, sino que es el resultado de una falla grave y sistemática de los órganos de control del Estado.
“No estamos hablando de la empresa de un ciudadano común que quebró sin que nadie lo viera venir. Estamos hablando de una crisis que ocurrió bajo las narices de las máximas autoridades país”, reprocharon.
Afirmaron que el propio Santiago Peña, presidente de la República destituido vía juicio político, es sindicado como el cabecilla del esquema criminal que llevó al cierre a ueno bank, dejando a millones de paraguayos sin acceso a su dinero, fondos o ahorros de toda la vida.
“El propio jefe de Estado quien se encontraba involucrado, presentó informes de gestión ante el Congreso y las autoridades no supieron o no quisieron leer las señales de alerta”, lamentaron.
También, apuntaron al Banco Central del Paraguay (BCP), ya que su deber es velar por la solvencia y la salud del sistema financiero, pero pese a contar con datos sobre la situación de ueno “no tuvieron la capacidad de actuar ni alertar a tiempo”.
“El Banco Central del Paraguay (BCP), cuyo deber constitucional es velar por la solvencia y la salud del sistema financiero para proteger a clientes y trabajadores, ya contaba con esta información hace un año. Sin embargo, no tuvo la capacidad de actuar ni alertar a tiempo”, se explayaron.
El pasado 3 de noviembre se inició un proceso de resolución bancaria por detectar problemas graves en ueno bank. La banca matriz reportó una insuficiencia severa en su índice de solvencia por debajo del 50%.
Una pasividad inexplicable
Igualmente, reprocharon la falta de control de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que “aplican controles rigurosos e inmediatos al ciudadano común o pequeño contribuyente”.
“Acá existió una pasividad inexplicable ante una crisis de esta magnitud”, sentenciaron y afirmaron que existió una responsabilidad directa, un dolo por omisión de las instituciones públicas, que debían de garantizar la seguridad jurídica y financiera.
“Por eso, queremos dejar algo muy claro al Gobierno: No estamos pidiendo una donación, ni un subsidio, ni que las autoridades pongan dinero de su bolsillo o utilicen sus influencias”, espetaron.
Siguieron expresando que no piden regalos, ni indemnizaciones por el daño moral y el perjuicio que les causó la situación. Solo piden que el Estado asuma su responsabilidad.
“Pedimos que el Estado asuma su responsabilidad por no haber hecho su trabajo de control, nos dé una solución financiera urgente para nuestras familias y luego se encargue de cobrarlo de los activos del grupo empresarial”, enfatizaron.
Finalmente, exigieron que los representantes del Gobierno salgan a dar la cara y den una respuesta concreta.
El desfalco a la entidad bancaria derivó en la detención de sus directivos y altas autoridades del BCP y la destitución de Santiago Peña, actualmente imputado y cumpliendo con su prisión preventiva en la cárcel Viñas Cué



