¿Qué son los datos biométricos? Base de datos de ueno bank que enciende las alarmas sobre privacidad
La intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) y la extinción de ueno bankencendieron las alarmas no solo por el destino del dinero de los ahorristas, sino también por la custodia de los registros faciales y dactilares recopilados por la institución y sus empresas vinculadas.
La biometría representa el conjunto de características físicas y biológicas que identifican de manera única e inequívoca a un individuo. A diferencia de una contraseña numérica o un PIN bancario, la huella dactilar, el mapa de reconocimiento facial o el patrón del iris no se pueden cambiar en caso de filtración. Cuando un dato biométrico es expuesto, la identidad digital de la persona queda comprometida de por vida.
Con ueno bank intervenido, tras detectar el Banco Central del Paraguay que su capital cayó muy por debajo del mínimo legal el 2 de noviembre pasado, se suma una nueva preocupación, además del dinero. Según el mismo banco, la entidad contaba con más de tres millones de clientes y nadie explica qué pasará con sus datos.
El nuevo presidente del BCP, Jorge Schreiner, realizó una fuerte acusación ante el pleno de la Cámara de Senadores al señalar que el verdadero negocio de los propietarios de ueno bank no era el sector bancario, sino la captura de datos biométricos.
El repentino colapso e intervención de ueno bank dejó al descubierto un vacío institucional respecto de la seguridad de la información. Durante su agresiva campaña de bancarización, la entidad exigió el escaneo facial y el registro dactilar a cerca de tres millones de usuarios, incluso para el acceso a eventos masivos, como la tradicional Expo en Mariano Roque Alonso.
La abogada especialista en datos Tania Guerrero advirtió –en diálogo con Última Hora– que este procedimiento representó un tratamiento ilícito de la información personal porque “el consentimiento estaba viciado”.
La jurista explicó que la institución no otorgaba opciones reales a los ciudadanos, dado que “si vos querías abrir una cuenta o querías acceder a la tarjeta de crédito sí o sí tenías que dar tus datos biométricos”.
Aseguró que esta práctica anuló la libertad de elección del consumidor frente al contrato de adhesión y afectó los requisitos de “un consentimiento libre, informado y que no esté viciado”.
Transmisión irrestricta dentro del conglomerado empresarial
El riesgo principal radica en la posibilidad de que estos archivos biométricos, almacenados en los servidores de las entidades bancarias o procesado por firmas aliadas de tecnologías como itti, sean considerados como activos intangibles dentro del proceso de resolución y liquidación financiera.
En un escenario de reestructuración, la transferencia de activos informáticos sin un estricto control regulatorio abre la puerta al uso indebido de los registros o a la venta no autorizada de paquetes de datos a terceros, advierte la profesional.
Guerrero señala con preocupación cómo operaba el flujo interno de la información al manifestar que “al ser parte de un grupo empresarial todo el grupo empresarial trataba los datos”.
La experta enfatiza que esta circulación masiva dentro del mismo holding representa un peligro severo, ya que cualquier firma vinculada sin las medidas técnicas del banco “podía tener acceso a esos datos biométricos”.
La custodia legal en manos de los interventores designados
Tras el desplazamiento de las autoridades originarias de ueno bank, la responsabilidad legal de blindar este patrimonio digital recae de manera exclusiva en los funcionarios nombrados por el Banco Central del Paraguay como interventores.
Tania Guerrero puntualiza sobre esta transferencia de mando que “ahora ya los directores ni los gerentes, todos están desapoderados del banco y son los interventores los que quedan o deberían resguardar esta base de datos”.
En esa línea, la especialista recalca la necesidad de que la representación del BCP active medidas técnicas de seguridad de forma inmediata para impedir cualquier extracción o manipulación no autorizada de los servidores, mientras dure el proceso de resolución financiera.
El antecedente de filtración y la falta de sanciones
La inquietud de los especialistas se acentúa al recordar los incidentes previos de seguridad informática del banco. La abogada rememora que entre julio y agosto del año pasado “se filtró una base de datos de 200 mil clientes de ueno”.
En aquella oportunidad, se expusieron referencias bancarias que terminaron en manos de periodistas porque la entidad “no estaba comunicando” el incidente a las autoridades ni a los afectados.
A pesar de que el caso fue denunciado formalmente ante la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) mediante los mecanismos previstos en la Resolución 1502 del año 2022, la institución estatal jamás impulsó el expediente. Guerrero confirma que la entidad reguladora “recibió la denuncia y nunca movió”, y dejó el hecho impune.
Vacío regulatorio y la custodia en manos de los interventores
En el plano legal, el país atraviesa un periodo de alta fragilidad normativa. Si bien el Congreso promulgó la Ley 7593 de Protección de Datos Personales, la norma fija un periodo de adecuación de 24 meses por lo que su capacidad punitiva recién entrará en vigor a finales de 2027.
Ante la ausencia de una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales en funciones, la abogada aclara la situación legal de los archivos en esta etapa de liquidación. Guerrero subraya que “ahora ya los directores ni los gerentes están desapoderados del banco y son los interventores los que quedan o deberían resguardar esta base de datos”.
La especialista concluye que resulta urgente que el Poder Ejecutivo reglamente la ley vigente para frenar la impunidad en el tratamiento ilícito de la información sensible de la ciudadanía
