En un documento, las campañas Itaipú Causa Nacional e Itaipú también es soberanía/PPP recordaron los fallidos decretos N° 5306 y N° 5860 del año 2026, correspondientes a las normativas reguladoras de las tarifas eléctricas y políticas de incentivo para las denominadas “industrias convergentes”, es decir, infraestructura de datos, inteligencia artificial y computación en la nube.
Las iniciativas buscaron establecer una política pública sectorial que permita la venta directa del excedente energético en el territorio nacional, con el fin de incentivar la inversión internacional. Sin embargo, ambas propuestas fueron derogadas en junio del 2026, junto con sus complementarios 5307 y 5861 sobre proyectos Power to X.
El pasado 21 de octubre, la ANDE divulgó la Resolución P/N° 52552/2026, que establece una tarifa de USD 48,9 por MWh, con un ajuste por devaluación del dólar y una eventual revisión tan solo si “la variación del costo medio de generación de la ANDE en el período de dos años resulte ser superior al 30%”. El documento firmado por las organizaciones advierte que, si la estatal se ve obligada a recurrir a una generación más cara por culpa del elevado consumo causado por estas empresas electrointensivas, el sobrecosto lo pagarán los consumidores.
Además, acusan que se otorga tarifas preferenciales a sectores con mínimo retorno social, que generan apenas 0,83 empleos por MW, frente a las pymes e industrias nacionales que aportan un promedio de 741 empleos por MW, usando como referencia el caso de Kuntur/Araico, relacionadas con la megaempresa multinacional Crusoe.
“Nuestro país necesita desarrollo. Tenemos muchos problemas económicos: la gente pasa mal, no hay trabajo de calidad, o al menos no lo suficiente para la juventud que busca empleo. El campesinado pasa mal y no tiene una infraestructura de calidad que llegue a sus comunidades”, expresa Heriberto Caballero, referente de la campaña Itaipú también es soberanía.
Por otro lado, la tarifa está fijada en dólares por 15 años, en el marco de un dólar que se va devaluando respecto al guaraní. “En energía, Peña entrega nuestra principal riqueza natural como si nada”, señalan en el documento. La pérdida de valor del dólar en los últimos 10 años (2016-2026) ha sido de 39,6%, lo que equivale a una tasa anual de pérdida de valor de 3,1% al año, bastante mayor que 2,5% como establece ANDE en su resolución. “La Resolución 52552 es general.
Así como está, cualquier empresa puede solicitar la potencia que desee. La ANDE podrá acceder o no según su disponibilidad, en el marco permisivo –por no decir irresponsable y entreguista– que le fija Peña, de encontrar excedentes hidroeléctricos para tales empresas”, denunció Ricardo Canese, uno de los voceros de la organización.
Expuso que Peña ya firmó memorandos de entendimientos con Taiwán y X8-Cloud, por ejemplo, por 1.000 MW y 250 MW. “Al ritmo actual, el Paraguay se quedaría sin excedentes hidroeléctricos en el 2030, o incluso en el 2028 si hay condiciones desfavorables como el alto crecimiento de la contratación de potencia de estos centros de datos o la baja hidraulicidad de la cuenca del Paraná”, alerta.
