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Oposición cuestiona al cartismo tras condena de Hernán Rivas y reclama responsabilidades políticas

La Justicia concluyó que Hernán Rivasno cursó ni aprobó la carrera de Derecho y que no existían registros académicos que respaldaran su trayectoria universitaria. La presidenta del Tribunal de Sentencia, María Fernanda García de Zúñiga, lo describió como un “alumno fantasma” y sostuvo que hizo valer una condición profesional que no tenía ante instituciones del Estado.

Si bien los opositores celebraron la condena tras años de protección de los legisladores de Honor Colorado, cuestionaron ese respaldo político que permitió que Rivas llegara a integrar y posteriormente presidir el JEM, órgano encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos.

“Hernán Rivas no llegó solo, tuvo respaldo 2 veces para ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tienen que caer todos!”, escribió en sus redes sociales el diputado Raúl Benítez.

En la misma línea se pronunció el senador liberal Eduardo Nakayama (PLRA), quien también apuntó a la protección que tuvo su excolega por parte de Honor Colorado. “Nunca pisó la Facultad de Derecho y aun así presidió el JEM a moción del oficialismo cartista, que avaló esta estafa, una bofetada a todos los profesionales que luchan por sobresalir todos los días”, publicó.

La diputada de Patria Querida Rocío Vallejo sostuvo que con la sentencia “se hizo justicia” y que el proceso permitió exponer lo que calificó como una mentira sostenida durante años.

Vallejo recordó además las posiciones de los oficialistas que defendían públicamente la autenticidad del título de Rivas. “No tenemos que olvidar cómo le defendían sus correligionarios diciendo que su título era real”, señaló en comunicación con Telefuturo.

Sus críticas se extendieron a las instituciones que permitieron el ascenso político del itapuense. Mencionó particularmente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista, cuestionó tanto el alcance de la investigación fiscal como las responsabilidades políticas vinculadas al caso. Se refirió al presidente Santiago Peña, así como a diputados, senadores y miembros del JEM.
En ese sentido sostuvo que la condena podría representar la entrega de una “cabeza” mientras otros eventuales responsables quedarían fuera del proceso.

“¿Cómo una sola persona puede realizar tantos actos en tantas dependencias públicas para obtener un título falso?”, cuestionó.
También preguntó por qué Rivas es el único acusado si, según su planteamiento, necesariamente tuvieron que intervenir otras personas en distintos momentos del proceso de emisión, registro y utilización de la documentación.

En el ámbito político, Filizzola recordó que Rivas fue elegido por legisladores para integrar el JEM y que posteriormente los propios miembros del órgano lo eligieron como presidente.
“Los que lo llevaron a esos cargos deben asumir, al menos, su responsabilidad política”, apuntó.

De esta manera, el opositor plantea la responsabilidad penal, que corresponde investigar a la Justicia, y responsabilidad política, que atribuye a quienes respaldaron la trayectoria de Rivas en el Congreso y en el JEM.
La senadora Esperanza Martínez, de Participación Ciudadana, fue todavía más crítica con el papel que atribuye al oficialismo.

“No fue un ‘avivado’ que engañó a todos”, afirmó, al considerar que Hernán Rivas habría sido colocado en esa posición deliberadamente por sectores políticos. La legisladora vinculó además el caso con el funcionamiento de estructuras de poder e impunidad que trascienden al exsenador.

Martínez recordó asimismo que la denuncia que dio origen a la investigación sobre Rivas tuvo como antecedente la iniciativa de la entonces senadora Kattya González, quien posteriormente fue expulsada del Senado.

La senadora sostuvo que el caso no debería terminar exclusivamente con una condena individual y reclamó que también se identifique a quienes pudieron haber actuado como responsables políticos, cómplices o encubridores.

El propio tribunal consideró que el caso de título falso del ex senador produjo un daño institucional importante. Además, ordenó remitir al Ministerio Público los antecedentes de cuatro testigos por presunto testimonio falso, de manera a abrir otra investigación.

Rivas aún no irá a prisión hasta que la sentencia sea firme

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