La iniciativa legislativa, presentada por el diputado cartista Yamil Esgaib para castigar con penas más elevadas a quienes liberen a sujetos privados de libertad o colaboren en fugas masivas, fue aprobada y pasa a la Cámara de Senadores. Establece penas de hasta cinco años que, en caso de hallarse el agravante de que los funcionarios estén involucrados en la liberación de presos, pueden elevarse hasta los quince años.
La Cámara de Diputados dio media sanción, durante la sesión ordinaria de este martes, al proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 294 de la Ley 1160/97 Código Penal Paraguayo”, presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR-Capital). La propuesta ya había sido aprobada en general en una sesión anterior y establece un endurecimiento de las penas por la liberación de personas privadas de libertad, la inducción o el apoyo a la fuga.
Con la aprobación del pleno, el proyecto contempla una pena de hasta cinco años de prisión para quienes liberen a un interno, lo induzcan a la fuga o lo apoyen en ella, incluyendo la tentativa.
En caso de sancionarse y promulgarse la ley se aplicará como medida ejemplar en especial a los funcionarios públicos, por considerarse un agravante que las personas privadas de su libertad sean liberadas irregularmente por un funcionario público, en especial cuando este presta servicios en una institución penitenciaria y tenga la obligación de evitar la evasión. Para el caso se establece que la pena será de cinco a quince años de privación de libertad.
Según la exposición de motivos, los hechos de fuga registrados en los últimos años en el país evidencian la participación de agentes externos a los establecimientos penitenciarios, entre ellos funcionarios, agentes del orden y miembros de organizaciones criminales, en connivencia con personal penitenciario desde el interior de las prisiones.
El documento sostiene que estos agentes son alentados por organizaciones criminales a cometer el hecho punible, debido a la expectativa de impunidad o a la baja estimación de las penas actualmente previstas.
En ese sentido, la iniciativa plantea reconsiderar la pena aplicable a quienes, por su calidad o posición de garante, están especialmente obligados a evitar la evasión de presos, estableciendo un agravamiento cuando se trate de funcionarios públicos o personas que prestan servicios en instituciones penitenciarias.
Finalmente, el documento señala que es pertinente agravar el hecho punible cuando se produzca una “fuga masiva”, entendida como la liberación de más de un interno, atendiendo a las características de los hechos registrados y a la participación de organizaciones criminales en la planificación y ejecución de estas acciones.
