La Fiscalía imputó y pidió la prisión preventiva de dos ex presidentes del Instituto de Previsión (IPS), quienes habrían defraudado en montos varias veces millonarios a la previsional con la compra de quirófanos modulares. Pasaban los años, y sin que la empresa cumpla el contrato, en vez de suspenderlo, se siguieron emitiendo “adendas desordenadas”.
El foco está en el Contrato N° 6/2020, que pretendía reacondicionar e instalar por primera vez este tipo de quirófanos en el séptimo piso, bloque Quirúrgico Central del Hospital Central del IPS.
El trato se hizo con la empresa Neigtpart SA, y toda la obra iba a costar G. 53.000 millones. En plena pandemia, la Previsional liberó el primer pago en concepto de anticipo: G. 10.600 millones (20%).
Allí comenzaba lo que iba a ser un grave perjuicio para el IPS, según sospecha hoy la Fiscalía, ya que los quirófanos nunca se instalaron, y hasta sus partes se vencieron, allí, en un depósito oscuro del Instituto de Previsión Social.
Supuestamente, los funcionarios hoy imputados fueron otorgando nuevos plazos a la empresa Neigtpart SA, para que esta siguiera cobrando, “a sabiendas que la ejecución del contrato no podría llevarse a cabo debido a la falta de planeamiento y evaluación previa del edificio” para instalar los quirófanos.
Según la Fiscalía, son nueve sospechosos por el supuesto hecho de lesión de confianza, todos funcionarios de dos periodos consecutivos del IPS: los ex presidentes Vicente Bataglia y Jorge Magno Brítez; y los ex gerentes de Logística y Abastecimiento Hugo Aranda y Jaime Caballero.
También, los ex directores de Mantenimiento, José Raúl Coronel y Verónica Alexandra Blanco; los ex directores de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Juan Villar y Marcelo Bordón; y la asesora jurídica Rosa Colmán.
¿Cómo inícia? El caso se desprendió de otra investigación que llevaba la fiscala Silvia González y quien reportó supuestas irregularidades.
“Isaías Fretes (actual titular del IPS) hizo una demostración pública de un container donde se encontraron objetos que pertenecerían a esta licitación que era de un quirófano modular. Esa causa estaba en mi unidad y empezamos a darle impulso”, dijo el fiscal Julio Ortiz a la 1080AM.
Su investigación demostró que la licitación ya era del año 2019 y apenas se inició, ya se pagó ese 20% y que pasaron seis meses y la obra no se realizaba, “por culpa del IPS que no estaba haciendo espacio para que se pueda realizar dentro del edificio”.
Pese a eso, la empresa vuelve a solicitar el segundo pago, pero Contrataciones Públicas recomendó que no. “No obstante, el nuevo presidente en ese entonces (Vicente Bataglia) hace una ampliación del plazo y hace otra vez la erogación de dos pagos”.
Seguida de agendas. Ahí es cuando se hizo Adenda N° 3, el 29 de julio de 2022, que habilitó un desembolso del 10% del total del contrato, equivalente a G. 5.300 millones, bajo el argumento de pago por trabajos preliminares. Apenas pasó eso, se ejecutó un segundo desembolso por G. 4.948 millones, en agosto de 2022.
El 14 de abril de 2023, Bataglia, junto a sus funcionarios, suscriben la Adenda N° 4, agregando insumos (placas fotovoltaicas) en el pliego de bases y condiciones, adicionando un G. 8.186 millones más al monto inicial, con lo que el contrato ya pasaba los G. 61.000 millones.
Con esa ampliación, se llegó a efectivizar otro pago directo de G. 680 millones.
Ya en la era del presidente Jorge Brítez, nuevamente ampliaron el contrato con las adendas N° 5, N° 6 y N° 7, que si bien no incrementaron el presupuesto, habilitaron la reestructuración del plazo.
Sin embargo, hasta ahora, ni los quirófanos, ni placas fotovoltaicas fueron instalados.
Pide prisión ante peligro de fuga
El fiscal Julio Ortiz pidió la prisión preventiva de los ex presidentes Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de los otros siete imputados.
Según explicó, “se halla latente el peligro de fuga o de obstrucción de actos concretos de investigación, teniendo en cuenta a la alta expectativa de pena” (hasta 10 años de cárcel).
Además, los imputados tienen “suficiente solvencia” para fugarse y también podrían influir en testigos.
El fiscal solicitó al juez que le imponga la inhibición general de vender y grabar bienes hasta los G. 61.000 millones.
Productos ya vencieron. Solo tres años después de que se firmó el contrato, en el momento en que se firmaba la Adenda N° 3, el 29 de julio del 2022, los productos ya se encontraban vencidos y el actual presidente del IPS encontró todos los insumos olvidados en un depósito.
Pedía sanciones. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ya había recomendado “la suspensión e incluso el inicio de investigaciones y la aplicación de sanciones por parte de los responsables”. Pese a eso, a más de las irregularidades, se habían suscripto las adendas N° 3 y N° 4.
Esto evidenció, según la Fiscalía, la intención de los responsables y la falta de planificación y justificación de los desembolsos ya realizados.
Sabía de auditoría. A través de las adendas N° 5, 6 y 7, el entonces presidente Jorge Brítez aprobó nuevos plazos y un cronograma de ejecución, pese a tener un “pleno conocimiento del resultado de la auditoria N° 12/2024 de fecha 25 de abril de 2024 (Ilevada a cabo bajo la gestión de los procesados); por supuestas irregularidades en el Contrato N° 6/2020”.
Beneficio a la empresa. Según sospecha la Fiscalía, Jorge Britez Acosta, Jaime Caballero, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado, firmantes de la Adendas N° 5, 6 y 7, “con sus conductas habrían otorgado condiciones más ventajosas al proveedor Neighpart SA”, al modificar los plazos, con respecto a la ejecución, siempre en favor de la firma, reajustando las formas de pago, causando una pérdida económica al Instituto de Previsión Social de G. 61.000 millones.
Desordenadas. Lo que reveló la investigación del Ministerio Público, es que las adendas eran “indebidas” y estaban “desordenadas”, y que fue una conducta que se repitió por largos años por los imputados, según el fiscal.
