Mafia de títulos: Ejecutivo destituye a cinco directores implicados en registros irregulares
Mediante el Decreto N.º 6258 fue separada de su cargo la directora del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Zulma Díaz, y fue designada en su lugar Carmen Rossana Paredes.
Durante la reunión de la Comisión de Investigación de Títulos Falsos del Senado, presidida por el cartista Patrick Kemper, autoridades del MEC anunciaron que otros cuatro directores también serán reemplazados, pero seguirán cumpliendo funciones en la institución mientras dure la investigación.
El viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, explicó que la auditoría interna permitió detectar indicios que justifican la decisión de apartar del cargo a Díaz, quien seguirá cumpliendo otras funciones y tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia y ser reinsertada si corresponde.
Otros cuatro funcionarios con rango de director también fueron apartados, medida que se oficializará con los decretos que se publicarán este viernes. “Eso concretamente nos va a permitir trabajar con gente nueva”, alegó Cohene.
El ministro de Educación, Luis Ramírez, hizo énfasis en las “muchísimas situaciones irregulares” que se encontraron dentro de la institución, especialmente en el circuito de registro de títulos.
Explicó que existe un código de ingreso para carga de datos y estos poseen un circuito. En ese sentido, citó que hay una ventana de tiempo para cargar en julio y diciembre. Sin embargo, se encontraron títulos introducidos en el sistema fuera de ese tiempo y “en horarios como las dos de la mañana, las cuatro de la mañana, domingo a las diez de la mañana”.
“Hay títulos que fueron cargados en los días que el MEC no está operativo. Estamos siguiendo esa ruta y el número es bastante importante de acciones que se han cargado dentro del sistema que tienen estas características o esta condición”, refirió.
Mencionó que se continúa realizando dicha investigación para luego presentar a la Fiscalía con el propósito de que investigue “lo que ocurrió dentro de esas oficinas del Ministerio, encargadas del registro”.
Al respecto, el viceministro detalló que no solo se está realizando la tradicional revisión documental, sino también una auditoría digital. Esto significa que se está rastreando hasta el último trazo de cualquier operación realizada que quede registrada en el banco de información.
Es decir, aunque alguien haya hecho una operación y luego intente borrarla, la huella digital electrónica no desaparece. En ese sentido, se procedió a resguardar el centro de datos en dos ubicaciones físicas y se cuenta con un tercer respaldo en la nube.
Admitió que es un trabajo muy lento, pero que ya está generando mucha información sobre cómo incluso desde afuera se opera dentro del sistema. Comentó que se detectaron softwares espías instalados en el sistema, los cuales permitían el acceso a personas totalmente ajenas a la institución.
De acuerdo con Cohene, se trata de un caso de gran magnitud, más que un simple hackeo, ya que existiría una posible complicidad de alguien que estuvo dentro del sistema –y que ya no está– y dejó instalado el software como testigo.
Sobre las denuncias ante la Fiscalía, el ministro Ramírez precisó que el MEC ya remitió más de 150 casos consolidados al Ministerio Público. Indicó que las investigaciones internas apuntan a alrededor de 500 casos denunciados o en proceso de denuncia y anunció que siguen apareciendo nuevos expedientes.
Presión de universidades
El ministro Luis Ramírez denunció ante los senadores que conforman la Comisión de Investigación, que recibió amenazas de rectores con acciones de inconstitucionalidad si el MEC deja de inscribir títulos desde el 2028.
“Si yo recibo la orden de un juez y me ordena inscribir títulos de carreras no acreditadas, lo haré, pero nosotros vamos a mantener ese requisito porque no hay de otra”, lanzó.
Recordó que la institución tomó la determinación de no registrar a partir de 2028 títulos de universidades que no estén acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), resaltando que las instituciones tuvieron más de 20 años para cumplir con esta condición
