Una comunidad indígena asentada desde hace más de 40 años en la zona de influencia de la ruta PY12 denuncia haber sido ignorada en el proyecto de asfaltado, el caso expone una problemática social en medio del avance de obras públicas sin garantizar previamente derechos básicos como tierra, vivienda, salud y educación.
La situación de la comunidad indígena Qom Tooshe Qaltaq volvió a instalarse en el debate público tras una reunión realizada el pasado martes en la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados.
El encuentro abordó la crítica realidad que atraviesan las familias asentadas desde hace más de cuatro décadas en la zona afectada por el asfaltado de la ruta PY12.
El diputado Pastor Vera Bejarano, presidente de dicha comisión, denunció una grave omisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al señalar que la comunidad no fue contemplada adecuadamente durante el diseño y ejecución del proyecto vial.
“¿Cómo es posible que el Estado no haya visto a una comunidad indígena al trazar una ruta?”, cuestionó el legislador, haciendo referencia a la situación de familias que hoy sobreviven en condiciones de alta vulnerabilidad, prácticamente al costado del camino y directamente afectadas por el avance de las obras.
Vera Bejarano calificó lo ocurrido como una deficiencia y una falta grave que debe ser reparada. “El MOPC no ha tenido la providencia de buscar una compensación, buscar la compra de unas tierras”, manifestó al señalar que los nativos plantean que el Estado Paraguayo se ocupe del resarcimiento, pero el INDI no tiene presupuesto.
“Se puede ver si el BID puede a través de la gestión del Ministerio Obras Pública incorporar en el ítem, las compensaciones, la compra de tierras que son 200 a 250 hectáreas que ellos (los indígenas) pretenden”, planteó.
Según el diputado, el monto necesario para adquirir esas tierras sería mínimo frente al presupuesto total del proyecto, pero tendría un impacto decisivo en la vida de las familias indígenas.
La tierra, en este contexto, no representa solo un espacio físico, sino la posibilidad de acceder a vivienda digna, salud, educación y continuidad cultural.
Por su parte, el titular del Instituto Paraguayo del Indígena, Hugo Samaniego, manifestó que se buscará una solución para la comunidad en articulación con las instituciones responsables.
No obstante, las organizaciones indígenas reclaman que las respuestas sean concretas y no queden nuevamente en promesas.
• “Se puede ver si el BID puede a través de la gestión del MOPC incorporar la compra de tierras que son 200 a 250 hectáreas”. Pastor Vera Bejarano, diputado
