El ministro del Interior, Enrique Riera, mencionó que en la causa que se le sigue al actual senador y ex ministro del Interior, Rafael Filizzola, por la compra irregular de helicópteros para la Policía, el procesado nunca se presentó ante la Justicia, gracias a las innumerables chicanas que presentó.
Filizzola estuvo procesado por la compra de cuatro helicópteros Robinson R44 usados para la Policía Nacional, en 2010, operación cuestionada por presuntas irregularidades administrativas y un supuesto perjuicio patrimonial al Estado. Dos de esas aeronaves fueron denunciadas posteriormente como inservibles.
Al respecto, el ministro Riera recordó que Filizzola se había molestado cuando le dijo en su momento que sus helicópteros no volaban porque no servían, y que, por esta causa, ya lleva 11 años chicaneando.
“Hace 11 años que chicanea y hasta ahora no se pudo hacer la audiencia preliminar. Es decir, que nunca, hasta hoy en día, se sentó ante un juez.
Lleva 11 años chicaneando en una causa que ya está ante la Corte”, precisó.
El ministro Riera señaló, además, que el primer caso vinculado a los helicópteros de la Policía Nacional ya prescribió, mientras que el segundo caso está a poco tiempo de prescribir. “Pero hasta ahora él nunca se presentó ante la Justicia”, remarcó.
El Ministerio Público había imputado a Filizzola, por supuesta lesión de confianza. La Fiscalía argumentó en su momento que la adquisición, realizada a la empresa Proibérica, se hizo de forma irregular y causó un perjuicio patrimonial estimado al Estado de 50.000 millones de guaraníes.
A la fecha, esta causa penal prácticamente está cerrada, luego de que en marzo del año pasado, Filizzola lograra obtener una resolución a medida, atendiendo a que la jueza Penal de Garantía, Alicia Pedrozo, dio lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo del exministro, lo que en el ámbito político se calificó como un “blanqueamiento” por plazos vencidos.
La salida procesal no se dio, no porque Filizzola haya demostrado su inocencia en un juicio, sino debido a un fallo previo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que anuló la acusación de la Fiscalía de aquel entonces por vicios procesales y plazos vencidos. Al quedarse sin acusación válida por el paso del tiempo, el fiscal anticorrupción Francisco Cabrera no tuvo otra opción técnica que solicitar el sobreseimiento definitivo
