La funcionaria del Congreso Nacional Rocío Ojeda relató que ingresó al Congreso en julio de 2023 como asistente del entonces senador Javier Chaqueñito Vera, y se desempeñó posteriormente como jefa de despacho y luego directora de la Comisión de Protección Animal. Explicó que en abril de este año, tras el ingreso de la senadora Guadalupe Aveiro, fue apartada del cargo directivo, situación que no discutió por tratarse de un puesto de confianza.
Sin embargo, afirmó que en el mismo acto le comunicaron también su desvinculación definitiva. La funcionaria sostuvo que posee una antigüedad de más de dos años y medio, por lo que considera que cuenta con estabilidad laboral y que su separación debió realizarse mediante un sumario administrativo.
“No me comentan cuál es el motivo y no me permiten acceder al documento. Lo que corresponde legalmente es un sumario para poder desvincularme”, expresó. Además, señaló que presentó pedidos de reconsideración y medidas de urgencia debido a su condición de salud, pero aseguró que no obtuvo respuestas de las autoridades. “No me permiten acceder al expediente, absolutamente nada”, lamentó.
Indicó igualmente que ya promovió una demanda en la jurisdicción contencioso-administrativa y que actualmente sigue cumpliendo horario laboral de 07:00 a 13:00 mientras corre el preaviso que vence el próximo 30 de mayo. Comentó que este lunes fue convocada por Recursos Humanos, donde le informaron que existiría una orden del presidente del Congreso para rever su situación laboral.
“La gerente me dijo que busque un lugar donde estar y que podría reasignarme al área de seguridad, pero deberían mirar mi legajo y ver mi funcionalidad”, manifestó. Asimismo, pese a existir una supuesta orden para rever su desvinculación, Recursos Humanos le planteó que busque un lugar donde prestar servicios temporalmente o incluso ser trasladada al área de seguridad, mientras continúa vigente el preaviso que vence el próximo 30 de mayo.
Ojeda cuestionó que hasta el momento no exista una definición clara sobre su situación laboral ni una notificación formal respecto a las funciones que debería cumplir dentro de la institución. “Me dicen que vea un lugar o, en todo caso, que me podrían reasignar al área de seguridad. Se supone que ellos son los que conocen la estructura y deberían decirme cuál es mi función”, expresó.
La funcionaria afirmó que ya sufrió una reducción salarial y reiteró que nunca cuestionó haber sido removida de la Dirección de la Comisión de Protección Animal, al tratarse de un cargo de confianza. Sin embargo, insistió en que pelea por conservar su condición de funcionaria permanente del Congreso.
“Yo en ningún momento peleé la dirección. Lo que peleo es mi posición como funcionaria permanente dentro de la institución”, sostuvo.
“Desde el 17 de abril, yo estoy sin funciones, estoy viniendo al Senado, me siento en el patio a cumplir el horario que me corresponde, esperando que en algún momento ellos se incomoden con esa situación y me resignen alguna función para terminar de cumplir ese preaviso”, manifestó.
Según explicó, la propuesta planteada por Recursos Humanos sería únicamente temporal hasta el vencimiento del preaviso y no representa una reincorporación definitiva.
También afirmó que no recibió ningún documento oficial sobre un eventual traslado al área de seguridad, al Cabildo u otra dependencia.
“Hoy me llaman y me dicen que van a verme una función hasta que se cumpla el preaviso. No están hablando de nada permanente”, lamentó.
Hace dos semanas, el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, respondió que desconoce el caso de la funcionaria en cuestión. “Vamos a ver este caso”, dijo y señaló que la funcionaria si es nombrada no puede ser destituida
