Senado recibe más de 100 denuncias sobre “mafia de los pagarés” en Alto Paraná

La Comisión Especial del Senado que investiga el caso conocido como “mafia de los pagarés” llevó a cabo una audiencia pública en Ciudad del Este, donde se recibieron múltiples denuncias sobre supuestas maniobras irregulares en procesos de ejecución de deudas y descuentos automáticos que afectarían a distintos sectores laborales.
El encuentro se realizó en la Casa de la Cultura y contó con la participación de la Municipalidad local, en una jornada en la que más de un centenar de personas del departamento de Alto Paraná expusieron sus testimonios. Los afectados describieron un esquema de embargos que, según las estimaciones presentadas, alcanzaría montos superiores a los 200 millones de dólares.
Las denuncias se centran en juicios ejecutivos vinculados a una supuesta entidad financiera extranjera denominada Amerra, la cual no contaría con registro en el país. De acuerdo con las declaraciones, los pagarés utilizados en los procesos corresponderían a obligaciones ya canceladas a través de operaciones atribuidas a la firma Agrícola Colonial.
Ante la magnitud de las denuncias, la Comisión parlamentaria anunció que acompañará la presentación de una denuncia penal colectiva y promoverá la revisión de los expedientes judiciales relacionados con estos casos. Asimismo, se prevé la remisión de antecedentes a la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Durante la audiencia también se expusieron situaciones que involucran a docentes, personal de salud y funcionarios públicos, quienes denunciaron descuentos aplicados a través de mecanismos administrativos vinculados a supuestos préstamos ejecutados judicialmente.
Los afectados señalaron además obstáculos para acceder a la documentación de sus causas, muchas de ellas tramitadas en la capital del país.
Como resultado del encuentro, se acordó la creación de una mesa de trabajo integrada por representantes de las víctimas, asesores jurídicos de la Municipalidad de Ciudad del Este y técnicos de la Comisión del Senado, con el objetivo de coordinar acciones legales y dar seguimiento a las denuncias presentadas



