Dos de los expedientes más emblemáticos de corrupción pública en Paraguay permanecen estancados desde hace años en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Gustavo Santander, Víctor Ríos y Cesar Diesel, sin que exista una resolución que permita reactivar los procesos y avanzar hacia una sentencia definitiva, según Esther Roa.
Se trata de las causas conocidas como “Audios del JEM” y “Tierras San Agustín”, investigaciones que involucraron a ex senadores, ex autoridades del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y ex funcionarios del Estado, convirtiéndose en símbolos de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, ambas quedaron paralizadas luego de que las defensas promovieran acciones de inconstitucionalidad, cuyos expedientes fueron remitidos a la Sala Constitucional, donde continúan sin resolución.
En el caso de los “Audios del JEM”, la investigación surgió tras la filtración de conversaciones telefónicas en 2017 que expusieron un supuesto esquema de tráfico de influencias dentro del sistema judicial. Luego del juicio oral, hubo condenas por tráfico de influencias, pero el Tribunal de Apelación ordenó un nuevo juicio para analizar nuevamente el supuesto delito de asociación criminal.
Ese nuevo debate nunca pudo iniciarse porque una acción de inconstitucionalidad llevó el expediente a la Corte Suprema. Más de tres años después, el proceso continúa suspendido.
Una situación similar ocurre con “Tierras San Agustín”, donde se investiga la compra realizada por el Indert en 2013 de unas 5.742 hectáreas por más de G. 60.294 millones. Tras la absolución de todos los acusados en el primer juicio oral, el Tribunal de Apelación anuló esa sentencia y ordenó un nuevo juzgamiento. Sin embargo, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por las defensas derivaron nuevamente en la remisión del expediente a la Sala Constitucional, donde permanece desde hace más de cinco años.
El mecanismo. Para la abogada Esther Roa, presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) y una de las principales referentes de la sociedad civil, en el monitoreo de causas de corrupción, la demora no responde únicamente a la complejidad de los expedientes, sino a un mecanismo que termina bloqueando los juicios.
“La Sala Constitucional, que honestamente te digo que es catastrófica la forma como ellos están operando para pasarle la mano a los corruptos”, sostuvo.
Según explicó, cuando un procesado presenta una acción de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional solicita el expediente principal, dejando al Tribunal de Sentencia sin la documentación necesaria para continuar el juicio.
“Cuando presentan una acción de inconstitucionalidad, después piden los autos principales, el expediente principal. Entonces, el Tribunal de Sentencia dice: ‘No puedo hacer el juicio porque no tengo el expediente’. Se lava las manos porque, por supuesto, esa orden viene de un órgano superior”, afirmó.
Para Roa, ese procedimiento termina convirtiéndose en un mecanismo que paraliza automáticamente las causas de corrupción.
“Ese es un modus operandi que hace bastante tiempo detecté y me preocupa”, expresó.
La activista también cuestionó el funcionamiento interno de la Sala Constitucional y sostuvo que existe una fragmentación de responsabilidades entre sus integrantes.
Explicó que las acciones de inconstitucionalidad pueden ser estudiadas por distintas integraciones de la Sala, incluso con ministros de otras salas o miembros de tribunales de apelación, situación que, según afirmó, genera una dispersión de responsabilidades.
“Otro problema que se da también en la Sala Constitucional es que cada ministro cree que es una isla, que solamente es responsable de los expedientes que están con él”, manifestó.
Desde su punto de vista, ese criterio es jurídicamente insostenible.
“Desde un criterio técnico y jurídico eso es inadmisible, porque los nueve ministros son responsables de la administración de justicia, aunque exista una responsabilidad mayor de quienes integran la Sala Constitucional”, sostuvo.
Roa afirmó, además, que en los expedientes relacionados con corrupción pública, existe una práctica que termina diluyendo las responsabilidades entre los ministros.
“Cuando es un expediente de corrupción pública, se inhiben, eso es una falacia total”, despotricó la abogada.
• “Es catastrófica la forma en que la Sala Constitucional está operando para pasar la mano a corruptos”. Esther Roa, abogada y activista
