Allanamientos y detenidos en operativo que busca desarticular presunta red de ciberestafas
El comisario Julio Vera, jefe del Departamento de Delitos Financieros de la Policía Nacional, brindó detalles del procedimiento que desplegaron este lunes en el Departamento de Misiones y que busca desarticular una presunta red de ciberestafas y lavado de activos.
En charla con radio Monumental 1080 AM, afirmó que el operativo, denominado operación YIDA Transfronteriza, obedece a un “prudente y paciente trabajo de investigación” bajo la dirección de la fiscala Ruth Benítez.
Siguió comentando que hace seis semanas estaban recepcionando 62 denuncias y que las mismas fueron enviadas al Ministerio Público, se realizó la trazabilidad de las cuentas y encontraron 11 de ellas donde se canalizaba todo el dinero producto de las estafas.
“Como fueron apareciendo decenas de denuncias en varios puntos del país, lo que hicimos fue centralizar todas elllas, en relación a lo que significa este sistema de estafa piramidal y hemos totalizado 211 denuncias”, detalló.
Sin embargo, de acuerdo a los datos recabados, las víctimas estimadas serían unas 2.000.
En medio de los allanamientos, se dio la detención de Ramón Segovia Báez, Jhonathan Marcelo Segovia Báez y Jorge Rodríguez Morel.
Red internacional
Según la investigación, se trata de una estructura con ramificaciones internacionales, dedicada a captar víctimas mediante falsas ofertas de trabajo remoto, difundidas a través de redes sociales y plataformas de mensajería.
La organización ofrecía elevados ingresos económicos por la realización de supuestas tareas digitales vinculadas con la calificación de productos destinados al mercado chino.
Una vez captadas, las víctimas eran inducidas a realizar transferencias de dinero a cuentas bancarias administradas por operadores locales. Posteriormente, los fondos eran convertidos en criptomonedas y remitidos a billeteras digitales en el extranjero controladas por la organización, dificultando el rastreo del dinero.
Asimismo, cuando las víctimas intentaban retirar las supuestas ganancias acumuladas en la plataforma fraudulenta, los administradores bloqueaban el acceso a los fondos y exigían nuevos pagos bajo el argumento de impuestos o comisiones, consolidando de esta manera el esquema de estafa.
Hasta el momento, la investigación permitió documentar más de 60 víctimas directas, con un perjuicio patrimonial de G. 605.468.213. Sin embargo, la evidencia digital y de los movimientos de criptoactivos permitió detectar operaciones superiores a los USD 3 millones en criptomoneda.
La Fiscalía tiene unas 25 órdenes de captura y cuatro órdenes de allanamiento
