Abogados analizaron la deuda que posee Santiago Peña, presidente de la República, de G. 2.119.740.000 (USD 346.363 al cambio actual) con la constructora Gómez Abente SA por la construcción de su vivienda en San Bernardino (Cordillera). Este conflicto no impidió que Gómez Abente SA sea también proveedor del Estado.
Para la abogada Esther Roa, la Fiscalía tiene la obligación constitucional y legal de investigar de manera seria, diligente e independiente las graves sospechas que hoy pesan sobre el presidente Santiago Peña.
“No basta con informes administrativos ni explicaciones de escritorio, deben agotarse todas las diligencias necesarias para determinar si existieron conflictos de intereses, tráfico de influencias o un eventual enriquecimiento indebido”, comentó.
Para la abogada, la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad. Más aún cuando se trata del jefe de Estado, cuya conducta debe estar sometida al más alto estándar de transparencia y rendición de cuentas.
“La confianza pública no se construye con declaraciones, sino con explicaciones verificables. Resulta inevitable recordar que durante la campaña electoral el entonces candidato afirmó públicamente no disponer de recursos económicos significativos. Sin embargo, hoy surgen cuestionamientos relacionados con su patrimonio, inversiones, nivel de vida y vínculos familiares con empresas que han contratado con el Estado. Estas circunstancias justifican plenamente una investigación profunda e independiente que despeje cualquier duda razonable”, comentó.
PREOCUPACIÓN. Para la abogada, también genera preocupación el hecho de que una empresa adjudicada con contratos públicos aparezca vinculada a la construcción de la residencia del presidente.
“No basta con revisar papeles; es necesario contrastar información, verificar operaciones”. Esther Roa, abogada.
Comentó que corresponde a la Fiscalía determinar si existieron o no beneficios indebidos, tráfico de influencias, conflictos de intereses o cualquier otra conducta incompatible con el ejercicio de la función pública.
“Para ello no basta con revisar papeles; es necesario contrastar información, verificar operaciones, analizar flujos financieros y reconstruir los hechos con rigor técnico. La investigación que involucra al presidente debe contar con un amplio seguimiento ciudadano.
La experiencia paraguaya demuestra que muchos casos de corrupción terminan archivados prematuramente o limitados a actuaciones meramente formales. Por ello, la sociedad tiene el derecho y el deber de exigir que se practiquen todas las pruebas pertinentes y que la Fiscalía actúe con independencia, sin privilegios ni consideraciones políticas”, enfatizó.
“¿A qué conduce que no se investigue? A que los posibles hechos queden en la prescripción”. Federico Legal, abogado.
Gentileza.
LEGAL. El abogado Federico Legal afirmó que la misma Contraloría admitió que no realizó un examen completo porque solamente analizó los periodos en los que Peña fue funcionario no el periodo más llamativo (donde estuvo en el sector privado).
“No cuadra su patrimonio. O por lo menos no parecen ser razonables los números y eso es el origen de esas declaraciones debe tener una explicación. Por supuesto que cuando salta una situación así y el presidente no tiene la actitud de explicar o trasparentar, más allá que lo haga, si hay posibles hechos punibles a determinarse se necesita una investigación. Hay algo que no cuadra y el Ministerio Público debe investigar.
¿A qué conduce que no se investigue? A que los posibles hechos queden en la prescripción. El lavado de dinero prescribe a los 10 años, por lo que es deber del Ministerio Público investigar que debería hacerlo. Lo de la Contraloría es solo un insumo más no el universo total”, comentó.
Señaló que el hecho de que se haya hecho millonario en el sector privado no significa que no cometiera ningún hecho punible, por lo que la Fiscalía debe investigar el caso.
• 2.119 millones de guaraníes es la deuda que posee Peña con la constructora Gómez Abente SA.
• 900.000 dólares fue lo pagado por el jefe de Estado en concepto de prestación de servicios.
• 18 millones de dólares es el valor del último contrato adjudicado por el Estado a la citada constructora.
Opositores critican amenazas de Peña sobre su patrimonio
En bloque. Referentes opositores en Diputados.
La diputada Johanna Ortega criticó la actitud del presidente Santiago Peña y aseguró que sus recientes declaraciones contra periodistas en una conferencia de prensa, cuando fue consultado sobre su patrimonio, reflejan una actitud incompatible con los principios democráticos.
Durante una intervención en la Cámara de Diputados, la legisladora recordó que anteriormente había calificado al mandatario como un “chetito caprichoso”, pero consideró que esa definición ya resulta insuficiente.
“Santiago Peña era un chetito caprichoso. Lo dije en este lugar y lo sostengo. Pero después de escuchar sus declaraciones contra la periodista Mariela Fretes, creo que no alcanza con decir que es un chetito caprichoso”, expresó.
Ortega sostuvo que el presidente reaccionó de manera inadecuada ante preguntas relacionadas con su patrimonio y cuestionó que, en lugar de responder con información o documentos, haya insinuado posibles intereses detrás del trabajo periodístico.
“La periodista le preguntó al presidente sobre un asunto de interés público, nada más y nada menos que el patrimonio del presidente de la República. En lugar de responder con datos o argumentos, decidió amedrentar a la periodista”, afirmó.
“Hay que ser muy bruto realmente para no entender cuál es el rol de la prensa en una democracia. Hay que ser muy bruto para creer que una periodista que investiga el poder tiene intereses oscuros. Hay que ser muy bruto para pensar que la mejor respuesta que se le puede ocurrir a un presidente ante una pregunta incómoda es insinuar que quien pregunta podría estar financiada por el crimen organizado. Y hay que ser muy bruto para no comprender la gravedad institucional de que sea precisamente el presidente de la República quien haga ese tipo de acusaciones”, refirió.
Según la parlamentaria, las expresiones del jefe de Estado transmiten el mensaje de que quien investiga o cuestiona al poder puede convertirse en objeto de sospechas o represalias
