Se posterga nuevamente juicio a exmagistrada en caso de presunto esquema de pagarés
El inicio del juicio oral y público contra la exjueza de Paz de La Catedral 2° Turno, Nathalia Garcete Aquino, en el marco del caso conocido como “mafia de los pagarés”, volvió a ser diferido debido a la existencia de recursos judiciales que aún se encuentran pendientes de resolución. El proceso, que ya había sido reprogramado para mayo, fue nuevamente pospuesto y tiene ahora nueva fecha fijada para el 24 de agosto próximo.
La determinación fue adoptada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por los jueces Matías Garcete (presidente), Adriana Planás y Sonia Sánchez, quienes establecieron que el juzgamiento se realizará el lunes 24 de agosto a las 08:00.
El aplazamiento del inicio del juicio —que inicialmente estaba previsto para el 10 de marzo y luego para el 18 de mayo— obedece a la existencia de una apelación contra el auto de apertura a juicio oral, así como a una recusación planteada contra miembros del Tribunal de Apelaciones. Ambos incidentes deben ser resueltos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia antes de avanzar con el proceso.
A ello se suma que continúan pendientes las audiencias preliminares de otros acusados en la causa, entre ellos Alfredo Samudio Benítez y Édgar Fabián Ayala Melo, para quienes la Fiscalía también solicita juicio oral por su presunta participación en el esquema conocido como “mafia de los pagarés”, que habría operado dentro del Juzgado de Paz de La Catedral 2° Turno.
Además de la exmagistrada, deberán afrontar juicio la actuaria judicial Olivia Mosqueda, los abogados Sun Young Bang (Plan Urbano), José Olmedo y César Bogarín (Compañía Administradora de Riesgos SA – CARSA), así como los oficiales de justicia Óscar Rivela y Cristian Martínez.
Nathalia Garcete fue removida en este caso por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que el 20 de noviembre de 2025 dispuso su destitución del cargo de jueza de Paz de La Catedral 2° Turno.
El órgano extrapoder concluyó que existió mal desempeño de funciones en el manejo de múltiples procesos ejecutivos tramitados en su juzgado, los cuales habrían generado “lesión y perjuicio” en distintos casos
