La Cámara de Diputados, presidida por el diputado Raúl Latorre, mantiene congelados los pedidos de desafuero de varios diputados. Actualmente, el caso que afecta a cuatro legisladores de distintas bancadas partidarias cuentan con dictámenes tanto a favor como en contra por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, es decir, tienen vía libre desde hace tiempo para ser tratados en plenaria. Ahora se suma el caso del diputado del Partido Yo Creo Walter García, cuyo pedido de desafuero la Justicia ya remitió a la Cámara Baja.
Son varios los casos de los diputados con pedidos de desafuero a los que les une una coincidencia: todos están congelados por una suerte de pacto de no agresión.
Si bien el nuevo caso remitido por la Justicia mediante oficio a la Cámara se vincula al diputado Walter García, por supuesta complicidad en el hecho punible de lesión de confianza durante la administración de Miguel Prieto en el Municipio de Ciudad del Este, el de García no pasará desapercibido una vez que empiece a andar por el circuito legislativo su caso, no tanto por su magnitud, sino porque embreta a diputados a destrabar otros pedidos de desafuero, incluso aquellos que llevan años.
El caso más emblemático de blindaje es el del diputado cartista Esteban Samaniego, cuyo último urgimiento de desafuero por parte de la Justicia se dio en 2025. Sobre Samaniego, quien en la última sesión de Diputados de nuevo sacó a relucir su temperamento violento hacia la oposición, pesan cuatro imputaciones e incluso trae a cuestas pedidos que datan del periodo 2018-2023 cuando ya fue diputado.
El diputado cartista Esteban Samaniego está a la cabeza de los pedidos y sus causas varían. Hasta febrero sumaba varios urgimientos en sus causas, sin que esto haya afectado su permanencia al ser apañado por el cartismo. Su gestión parlamentaria ha sido calificada como deficiente, caracterizada por arrebatos violentos con la oposición.
Entre las acusaciones contra Samaniego figura la presunta malversación de G. 1.100 millones durante su gestión como intendente de Quyquyhó, además de tres causas adicionales por supuesta violación de domicilio y agresión contra adversarios políticos y una controladora de entradas en un evento deportivo.
Otros tres miembros de la Cámara de Diputados mantienen sus fueros parlamentarios, entre ellos los diputados liberocartistas Roya Torres y Cleto Giménez, que enfrentan pedidos de desafuero relacionados con el presunto cobro indebido de honorarios en calidad de cómplices. Ambos casos involucran a sus hijos, quienes habrían percibido salarios como funcionarios de la Cámara Baja sin asistir a trabajar. El hijo de Torres, Elías Godoy Torres, logró zafar y tiene suspensión condicional de su causa, por haber cobrado indebidamente de la Cámara sin asistir a su lugar de trabajo. La diputada permanece implicada como cómplice, aunque con fueros.
Caso similar es el del diputado Cleto Giménez, cuyas hijas Danna Marcela y Johana Denisse Giménez Rotela fueron obligadas a devolver G. 67.300.000 a la Cámara de Diputados y realizar donaciones equivalentes al daño.
También figura una solicitud de desafuero pendiente que afecta a Mauricio Espínola. Varios han tildado su proceso como el más político de los demás dado que fue por denuncia presentada por el ex presidente y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, por “supuesta filtración de secretos”.
Estos casos evidencian una situación de protección de la mayoría en Diputados, en particular de la bancada cartista, dado que tiene con piolita a cada uno de los diputados encausados y con una suerte de extorsión, en especial de los casos de Samaniego y los liberocartistas.
Esteban Samaniego, ANR.
Blindado hace años
Causa millonaria. Pesa sobre él la presunta malversación de G. 1.100 millones durante su gestión como intendente de Quyquyhó, además de tres causas adicionales por supuesta violación de domicilio y agresión contra adversarios políticos y una controladora de entradas en un evento deportivo.
Roya Torres, PLRA.
Caso nepobaby
Cobro de honorario indebido. Elías Godoy Torres logró una suspensión condicional del procedimiento tras comprometerse a devolver G. 50.666.000 cobrados indebidamente y donar otros G. 50 millones como reparación de cobro indebido en Diputados. La diputada figura en calidad de cómplice.
Cleto Giménez, PLRA
Caso nepobaby
Hijas cobraban y no asistían.
Las hijas Danna Marcela y Johana Denisse Giménez Rotela fueron obligadas a devolver G. 67.300.000 a la Cámara Baja y realizar donaciones equivalentes a instituciones benéficas como reparación por el daño causado. El parlamentario actuó en presunta complicidad.
Foto: Gentileza.
Mauricio Espínola, ANR.
Filtración de secretos
Por divulgación. El diputado Mauricio Espínola también tiene pedido de desafuero, aunque varios han tildado su proceso como el más político de los demás, dado que fue por denuncia presentada por el ex presidente y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, por “supuesta filtración de secretos”.
Walter García, Yo Creo.
Administración en CDE
Durante gestión de Prieto. El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú trasladó a la Cámara Baja el pedido de desafuero de la Fiscalía para el diputado Walter García (Yo Creo), de Alto Paraná, por complicidad en la supuesta sobrefacturación de obras del Hospital de Ciudad del Este.
GENTILEZA
Comisión aún no recibe pedido contra diputado de Yo Creo
El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, quien es miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, afirmó que la comisión asesora ya dictaminó en todos los casos que fueron remitidos a su seno.
Recordó que es tradición de la Cámara admitir todos los pedidos de desafuero y darle un trámite favorable.
Recordó que en el caso del diputado Mauricio Espínola –cuyo caso traía consigo una connotación política– optó por votar por la abstención.
En cuanto a la última causa que afecta al novel diputado de Yo Creo Walter García sostuvo que en la Comisión aún no llegó dicho expediente, razón por la cual aún no tratan ese caso.
“Del caso del último diputado no tenemos conocimiento y puedo asegurar que hasta ahora no nos llegó el pedido”, señaló.
Cabe recordar que el procedimiento adoptado por la Comisión que presidía el diputado Roberto González, era escuchar a los afectados para luego emitir dictámenes
