SOFA: Aprueban cooperación en defensa entre Paraguay y EEUU y advierten pérdida de soberanía

El Acuerdo de Cooperación en Defensa, firmado entre los Gobiernos de Paraguay y EEUU, más conocido como SOFA (por sus siglas en inglés), fue aprobado este miércoles en el Senado, tras un amplio debate, por 28 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones. Ahora pasa a la Cámara de Diputados para completar el trámite constitucional. El principal cuestionamiento, por parte de la oposición, se centró en que permitirá a los efectivos de las fuerzas estadounidenses contar con inmunidad judicial.

Por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, el senador Javier Zacarías Irún fundamentó el dictamen a favor de aprobar el acuerdo. Señaló que el acuerdo no autoriza la instalación de bases militares permanentes ni implica cesión de soberanía territorial o participación automática en operativos de seguridad, sino que regula el estatus legal del personal extranjero durante su permanencia temporal en el país.
Reconoció inmunidad judicial, si se tiene en cuenta que los efectivos de la cooperación internacional que cooperen bajo este acuerdo serán juzgados en EEUU. Sobre el punto, remarcó que “Estados Unidos ejercerá competencia sobre su personal por hechos cometidos en acto de servicio, conforme al modelo aplicado en acuerdos internacionales de cooperación”.

El dictamen en contra fue expuesto por la senadora de Cruzada Nacional Yolanda Paredes, quien advirtió que el convenio otorga facultades extraordinarias a un país extranjero, en contravención a la Constitución Nacional, que establece que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través de los tres poderes del Estado. Cuestionó especialmente la inmunidad prevista para los llamados “contratistas”, definidos como empresas y firmas no paraguayas y sus empleados, a quienes se les concedería un trato similar al de funcionarios oficiales.

En la misma línea el senador Walter Kobilansky refirió que bajo el pretexto de cooperación “nos cuelen prácticamente de ejércitos privados porque sino vamos a sufrir efectos secundarios” y pidió, al canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano, atender bien la redacción del documento remitido.

“Pérdida de Soberanía”
La senadora Esperanza Martínez señaló que en definitiva con ese proyecto Paraguay o preservaba la “poca” soberanía que tiene o la entrega.
“Vamos a votar si estamos a favor de la ciudadanía o a la entrega de la soberanía”, expresó y adelantó que detrás vienen otras leyes que socavarían más la soberanía como leyes sobre explotación de minerales y otros.

El senador Rafael Filizzola advirtió que el texto plantea serios problemas de constitucionalidad, ambigüedad y alcance ilimitado. Recordó que durante el gobierno de la Alianza ya existía una cooperación eficaz en materia de seguridad con Estados Unidos, sin necesidad de un instrumento de esta naturaleza. Hizo varios desementidos. “Es mentira que esto viene de la convención de Viena”, alegó.

Señaló que el acuerdo no se limita a capacitación y cooperación, como sostiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que abre la puerta a “otras actividades mutuamente acordadas”, lo que a su criterio convierte el documento en un “acuerdo en blanco” y sin plazo definido. Alertó especialmente sobre la inclusión de contratistas estadounidenses empresas privadas de seguridad a quienes se les otorgan los mismos privilegios que al personal militar y civil.

Filizzola cuestionó que se conceda inmunidad penal, civil y administrativa equiparable a la prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pese a que dicha norma está pensada para personal diplomático acreditado, no para contingentes militares ni contratistas. “Renunciamos a la jurisdicción penal”, afirmó, rechazando la versión oficial de que todos los países aplican este mismo esquema. Citó como ejemplo un caso en Alemania donde un militar estadounidense fue juzgado y condenado por la justicia local, lo que no existe una inmunidad absoluta como la que plantea el texto en debate.
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También señaló que el acuerdo permite el ingreso y salida del país con simple identificación estadounidense, sin que el documento establezca de manera expresa la necesidad de autorización del Congreso. Dijo que esto habilitaría la entrada de aeronaves, buques o equipamiento militar con una mera notificación, sin control parlamentario.
El senador expresó preocupación por la posibilidad de introducir bienes, equipos y pertrechos sin inspección ni control tributario, tanto por parte del personal militar como de los contratistas, quienes además podrían operar bajo las leyes y regulaciones de Estados Unidos y no bajo jurisdicción paraguaya. “Si causan un daño, habrá que litigar en Estados Unidos”, expresó.

“Soberanía como parte de cambio”
Por otra parte, el senador Eduardo Nakayama expresó que las críticas al acuerdo, el cual se aprobó con su voto, se basan en el supuesto desconocimiento y en la animadversión hacia la política exterior estadounidense, en especial en el contexto actual. Dijo que las diferencias con el acuerdo parten del “desconocimiento y estoy seguro animadvesión que lógicamente se acentúa por la política exterior de EEUU en últimos meses en sectores ideológicos contrarios y adversos”.
Expresó que quienes sostienen pérdida de soberanía, olvidan que en todo acuerdo se cede y puso como ejemplo los Tratados de Libre Comercio donde los Estados ceden y no cobran ciertos impuestos. “Lógicamente el derecho comunitario es una pérdida de soberanía”, señaló. “Vos estás cediendo a favor de algo que crees que puede ser más conveniente”, añadió.

Se sumó el cartista Derlis Maidana, quien explicó lo referente a la inmunidad a los integrantes de la cooperación. “A lo referente a la jurisdicción penal no existe inmunidad; existe jurisdicción del Estado de origen, y está por supuesto para garantizar la seguridad jurídica de personal desplegado”, sostuvo.
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Enumeró lo que considera como ventajas del acuerdo, entre ellas “fortalecer capacidades y refuerza nuestra capacidad de respuesta al crimen organizado. Además consolida al Paraguay a un socio confiable en el concierto de las naciones”, remarcó. Aseguró que “no vulnera soberanía ni es un renunciamiento a los intereses de nuestro país”.