En la mañana de este lunes en la Cámara de Diputados se llevó a cabo una reunión para analizar el proyecto de ley “Que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción de la República del Paraguay”.
La reunión fue coordinada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por el legislador, Raúl Latorre (ANR-Capital), para recibir al contralor general de la República, Camilo Benítez, y su equipo técnico.
El encuentro, de la que participaron también miembros de las diferentes comisiones que tienen a su cargo dictaminar el proyecto, se enmarca en los esfuerzos del gobierno por fortalecer la lucha contra la corrupción en el país, a través de una estrategia coordinada entre los distintos poderes del Estado.
El proyecto de ley busca que la Contraloría General de la República (CGR) asuma el rol de órgano rector y coordinador de este régimen anticorrupción, con amplias atribuciones para diagnosticar, diseñar e implementar medidas de transparencia e integridad en la gestión pública.
Asimismo, el proyecto crea el Consejo Nacional Anticorrupción y dispone que los bienes y recursos financieros de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) pasen a integrar la Contraloría General de la República (CGR).
Establece además que que este consejo estará conformado por los tres poderes del Estado; un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de cada cámara del Congreso Nacional; el Gabinete Civil de la Presidencia de la República; así como por el Ministerio Público y la CGR.
La CGR ejercerá la coordinación general de dicho consejo en conjunto con el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. El proyecto concede a la Contraloría General de la República un marco legal sólido para que pueda liderar la lucha contra la corrupción de manera independiente y eficaz.
Entre las principales propuestas destacan: la creación de unidades de transparencia y anticorrupción en cada organismo público, bajo la supervisión de la CGR; el establecimiento de un Consejo Nacional Anticorrupción conformado por los tres poderes del Estado, el Ministerio Público y la propia Contraloría General.
También destaca los mecanismos de participación ciudadana para la denuncia de hechos de corrupción, con garantías de confidencialidad para los denunciantes; y la transferencia de bienes, recursos y personal de la actual Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) a la órbita de la CGR.
