Abogado dice que Leite quiere matar política y moralmente a las oenegés

Para el abogado Ezequiel Santagada, el audio filtrado del senador Gustavo Leite (ANR-HC) demuestra que él quiere aniquilar a las organizaciones sin fines de lucro por vía de la conocida “ley garrote”. Consideró que el legislador debe renunciar a la comisión investigadora, conformada para justificar el proyecto presentado por los colorados sobre control a oenegés.
El abogado Ezequiel Santagada, quien trabaja en temas de transparencia y anticorrupción, criticó al cartista Gustavo Leite, vicepresidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que indaga a las oenegés, tras la filtración de un audio en el que discutía las modificaciones que pidió el presidente de la República, Santiago Peña
“Hasta ahora yo no conozco ningún otro proyecto del señor Leite que no sea matar política y moralmente a organizaciones”, dijo en comunicación con radio Momumental 1080 AM.
Desacreditó cualquier argumento del legislador de “defender la soberanía” con una iniciativa de excesivo control a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que reciben cooperaciones internacionales para llevar adelante sus actividades
“Defender la soberanía es defender los valores republicanos y democráticos que existen en la Constitución del Paraguay, de claro tinte liberal, de respeto al individuo en su proyecto de vida, donde todos podamos convivir en un ámbito de pluralismo. Eso es respeto de la soberanía”, mencionó el abogado.
En ese sentido, Santagada entiende la soberanía como “no robar al pueblo, buscar una mejor calidad de vida para los semejantes, no denigrar, avasallar, no pisotear, no matar al adversario”.
Asimismo, en su cuenta de X sugirió que Leite debe renunciar a la CBI, misma posición que comunicó el Grupo Impulsor de OSC en Defensa de la Democracia tras conocerse el audio de Leite, un férreo cartista que fue ministro de Industria y Comercio durante el mandato de Horacio Cartes (2013-2018).
La filtración hace referencia a los cambios introducidos a última hora a la versión del proyecto que había sido aprobada en la Cámara de Senadores y que corría el riesgo de ser vetada por inconsistencias si pasaba al Poder Ejecutivo sin las modificaciones