Sandra Isabel Cárdenas es una profesora de Matemáticas de larga trayectoria en la ciudad de Caacupé, pero hoy ya no puede ejercer, porque dos deudas interminables le destrozaron la vida, causándole una extraña infección de los nervios del cerebro que la obligó a quedarse en cama por dos meses sin poder caminar.
Lo más grave es que ella no debía nada, todo fue inventado, y desde el 2021 está peregrinando en busca de justicia.
A la mujer ya le sacaron G. 34.112.616 en dos juicios en Villa Elisa y hay riesgo de que continúen los embargos. Ahora recurrió a la Comisión de la Mafia de Pagarés en el Senado para hallar una salida.
PRIMER EMBARGO. Fue en abril de ese año, que ella sorpresivamente recibe un gran descuento en su sueldo. Le debitaron G. 1.439.527 y ella no entendía el porqué. “Yo vine al Ministerio de Educación acá, en Asunción, y como era época de pandemia, casi nadie me respondía”, cuenta la profesora.
Al final, obtuvo el informe: Se trataba de un embargo judicial del señor Juan Manuel Aponte Verón, en un juicio iniciado en el Juzgado de Villa Elisa.
Ella no lo conocía, y pudo ver que la demanda fue a través del abogado Alcides Estigarribia, de Eda y Asociados, que promovió centenares de juicios contra otras víctimas.
Y ahí comenzó todo. La docente decide en ese momento buscar respuestas en el esa sede judicial. Viajó nuevamente unos 50 kilómetros, pero fue en vano porque no le quisieron mostrar el expediente sin un abogado.
Tuvo que contratar un defensor y volvió, ya con una nota, en la que pedía las copias del expediente.
“Pero tampoco me dieron al instante. Me dijeron que espere”, recuerda Sandra.
Mientras aguardaba, decidió buscar a Juan Manuel Aponte Verón en el Facebook le salió el perfil de un hombre, quien en su descripción decía “asesor jurídico de la Municipalidad de Villa Elisa, abogado”.
Ella revisa sus fotos, ya que nunca le había visto. Y como si en el destino estaba, de repente esa misma figura apareció en el Juzgado.
“Estaba esperando en el Juzgado de Villa Elisa y le veo a esa persona llegando, en apuro y entra por la parte de atrás. No recuerdo si venía con papeles”, comenta la mujer.
Lo único que se acuerda es que entró directo a la oficina de la jueza y que tardó ahí como dos horas.
No sabe si él mismo acercó el expediente porque sorpresivamente después de su llegada, “encontraron” los documentos de Sandra. “Al instante me di cuenta de que no es mi firma”, recuerda.
Ese pagaré tenía campos incompletos, lo que permitió que le puedan hacer otro juicio, con el mismo documento.
PRIMEROS DESTROZOS. En ese embargo, le sacaron G. 10.590.800. Después de dos años, vino otro embargo, con el que le sacaron G. 11.136.146, pero que eran solo intereses del primer juicio. Ella seguía sin entender nada.
En ese ínterin, ella se empieza a enfermar. “En el 2023 se me diagnostica neuralgia del trigémino, una infección de los nervios del cerebro lado derecho. Me quedé en cama dos meses y sin caminar”, explica la docente.
Cuenta que estas supuestas deudas repercutieron en todo. “Uno tiene familia, hijos, cosas que pagar. Yo prácticamente no estaba cobrando absolutamente nada y trabajaba solamente para estas personas. Ellos hacían con mi sueldo lo que querían”.
Ella pidió salir de aula y hoy tiene función pasiva.
Pese a estar en esa situación, en donde no solo ella sufría, sino también todo su entorno, llegó otro embargo en julio del 2024, pero era de un nuevo juicio y esto volvía a empezar para ella.
Esa vez, era de otra persona –Juan Francisco Mendoza Romero, patrocinado por el abogado Carlos González–, pero con el mismo pagaré. Ella tampoco ubicaba al señor.
Los descuentos por embargo siguieron su curso. Esa vez, se le debitó G. 1.794.000 mes a mes, hasta completarse G. 10.590.800.
NOTIFICACIONES FALSAS. En el primer juicio, en el pagaré sí está bien consignada la dirección de Sandra Cárdenas, pero a ella nunca le notificaron de esa causa, solo se enteró del proceso judicial con el embargo.
En el segundo caso fue más escandaloso. El pagaré tenía como dirección “Caacupé Centro”, nada más.
Y supuestamente, el ujier notificador Marcelo Cabrera fue hasta esa extraña dirección y que le recibió “una persona que dijo ser su hija” y “que no quiso identificarse”, según el informe al que accedió ÚH.
En esa causa hizo varias supuestas notificaciones y en todas decía lo mismo. Lo grave es que la jueza Martha Beatriz Benítez aceptó esas notificaciones y tuvo como que Sandra no quiso presentarse.
DENUNCIA PARADA. Sandra Cárdenas decidió ir hasta la Fiscalía de Villa Elisa en setiembre del 2024, cuando le llegó el tercer embargo.
La causa cayó en la Unidad N° 2 de esa ciudad a cargo de la fiscala Fany Aguilera.
A ella la llamaron de vuelta para que se ratifique en la denuncia, en diciembre del 2024, y luego de dos años, no pasó nada.
Esta semana, la docente decidió ir a ver qué pasó y le confesaron que no hicieron diligencia alguna. Es más, le prometieron recién “buscar” el documento.
“Uno tiene familia, hijos, cosas que pagar. Yo prácticamente no estaba cobrando nada y trabajaba solamente para estas personas. Hacían con mi sueldo lo que querían”.
“En el 2023, se me diagnostica neuralgia del trigémino, una infección de los nervios del cerebro. Me quedé en cama dos meses y sin caminar”,Sandra Cárdenas.
Jueces implicados en la mafia
La mafia de los pagarés suman miles de víctimas. Hasta el momento, solo están procesados siete jueces y ex jueces por los lamentables casos. Se presume que habrían tenido el mismo modus operandi.
Se trata de los ex magistrados de Paz Carmen Analía Cibils y Víctor Nilo Rodríguez, además de Nathalia Guadalupe Garcete y Lilian González de Bristot.
El único que sigue como juez es Gustavo Villalba.
También fueron procesados la ahora ex jueza de Paz de Luque, Norma Ortiz; y el ex juez de Paz de la ciudad de Benjamín Aceval, Roberto Carlos Ferreira.
Se sospecha que estos sacaron fallos “a favor de los demandantes, torciendo el derecho”
