El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para avanzar con el embargo preventivo de fondos del banco Atlas SA, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero vinculado a recursos desviados de la Conmebol durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
La medida fue adoptada luego de la acusación presentada por el Ministerio Público contra directivos de la entidad bancaria, entre ellos su presidente, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, además de miembros del directorio. La Fiscalía sostiene que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito.
El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.
“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal, al referirse a la resolución firmada por el magistrado.
El monto inicialmente identificado por el Ministerio Público supera los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
El abogado también advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
La causa penal ya fue acusada formalmente por los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, quienes solicitaron elevar el caso a juicio oral y público. Además del embargo y eventual comiso de fondos, pidieron medidas alternativas para los procesados, entre ellas prohibición de salida del país y fianzas.
Según Lovera, el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas al interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
El proceso involucra también a los directivos Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán, quienes enfrentan cargos dentro de la investigación impulsada por la Fiscalía y acompañada por la Conmebol como querellante
