El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) emitió un comunicado para advertir sobre el riesgo del acuerdo SOFA con Estados Unidos para dar inmunidad a tropas militares de ese país en territorio paraguayo, que fue aprobado por la Cámara de Senadores.
Este movimiento latinoamericano que promueve los derechos humanos y la no violencia señala que la paz no se construye con militarización y apunta a que este acuerdo abre la puerta a privilegios e impunidad en el territorio.
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“Esta decisión legislativa, realizada de manera apresurada y desconociendo los señalamientos críticos formulados al acuerdo por parte de la sociedad civil, no representa un avance en seguridad, sino la formalización de una geopolítica de la impunidad que vulnera los pilares de nuestra dignidad nacional”, expresa.
“La seguridad de un pueblo no se construye importando tropas ni blindando a agentes extranjeros con inmunidades diplomáticas. El acuerdo SOFA desvirtúa el concepto de seguridad ciudadana para convertirlo en un esquema de control territorial militarizado, ajeno a las necesidades de las comunidades y subordinado a intereses estratégicos de una potencia externa”, sentencia.
Abusos y delitos
En el análisis, la organización menciona que los militares extranjeros podrían cometer abusos y delitos y no someterse a la Justicia.
“Otorgar un ‘estatus diplomático’ a personal militar y civil del Departamento de Defensa es un agravio directo a las víctimas de la violencia de Estado. Este acuerdo crea una categoría de personas intocables que, ante posibles abusos o delitos en suelo paraguayo, no responderán ante nuestros tribunales.
Ceder jurisdicción penal supone para nuestro sistema de Justicia violar el derecho de toda víctima a un recurso judicial efectivo”, expresa.
Finalmente, Serpaj recuerda que Paraguay ya sabe lo que significa militarizar y sus consecuencias violatorias de derechos humanos.
“Paraguay ha sufrido décadas de militarismo y autoritarismo. La presencia de tropas extranjeras con privilegios legales constituye un síntoma de fragilidad democrática y una renuncia a la soberanía. No hay cooperación posible cuando existe una asimetría que anula la capacidad del Estado para controlar lo que sucede en su propio territorio, desde el ingreso de armamento sin inspección hasta la falta de transparencia en las operaciones”, señala.
Por ese motivo, la organización hace un llamado a la objeción ciudadana e insta a la sociedad civil organizada y a la Cámara de Diputados a frenar “este atropello constitucional”. Menciona que es un retroceso democrático que debilita al sistema de Justicia.
“El modelo de intervención, que subyace al acuerdo SOFA, implica el despliegue de una receta que históricamente se caracterizó por multiplicar la violencia en los territorios y por una falta de rendición de cuentas en toda la región”, concluye.
La Cámara de Diputados tratará este martes el acuerdo SOFA que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores
