El presidente de la Corte, César Diesel, si bien se reunió con miembros de la Comisión Permanente del Congreso, junto con cinco ministros, para informar que ya sacaron del sistema unos 35.608 juicios relativos a la mafia de los pagarés, nada ha mencionado de investigar a los accionistas y propietarios de las empresas de cobranzas; menos la Fiscalía, que nada ha movido aún para poner bajo la lupa al hermano del presidente de la Corte, Óscar Diesel, accionista de la Compañía Administradora de Riesgos SA (CARSA), una de las principales empresas activas en el esquema de la llamada mafia de los pagarés.
El único procesado de esta empresa es José Ignacio Olmedo Lansac, quien está acusado por prevaricato en calidad de instigador y por uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autor.
Hasta ahora, solo dos empresas tienen a sus propietarios acusados en el caso de la mafia de los pagarés. La primera es CARSA, señalada como aliada de los Juzgados de Paz de Asunción para promover cientos de juicios ejecutivos sin que las víctimas fueran notificadas, lo que derivó en embargos sorpresivos.
En esta empresa, la Fiscalía había hallado un depósito con 10 mil expedientes judicializados que debían encontrarse en distintos juzgados de Asunción, pero no estaban.
Óscar Diesel también está vinculado con casas de créditos y cobranzas, inversiones que hizo en conjunto con Asdrúbal Fretes, hijo del cuestionado y recientemente fallecido ex ministro de la Corte, Antonio Fretes.
La otra empresa es Gestiones y Cobranzas SA (GECO), cuyo dueño es Carlos Neffa Persano, acusado también por supuestas implicancias en la causa.
REPUDIO. Ante todo esto, en un comunicado, la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés “alza su voz ante el atropello de la razón y a la Justicia perpetrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”. Se refiere al informe presentado a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, respecto a las intervenciones realizadas por la máxima autoridad judicial contra la trama de estafas con pagarés, que tiene como principales actores a jueces de Paz, ujieres, actuarios y abogados privados.
“Denunciamos enérgicamente el informe entregado a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, calificando como un insulto a la inteligencia del pueblo paraguayo y una burla para miles de familias estafadas”, dice parte del escrito de la Coordinadora.
En ese sentido, afirma su repudio total hacia el informe presentado por los ministros de la Corte. “Rechazamos categóricamente un documento plagado de medias verdades y desinformación deliberada. La CSJ pretende maquillar una realidad podrida, intentando ocultar el colapso ético y jurídico bajo una imagen distorsionada que falta a la verdad”.
Sobre el punto, resalta: “Un informe incompleto es una mentira cómplice”.
Además, solicitan a la Comisión Permanente “el cese del favoritismo”, y piden ser escuchados. “Es su obligación constitucional escuchar a las víctimas y no solo a los victimarios”, precisa la nota.
Por último, ratifican el pedido de juicio político para todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte sigue complaciente con esquema de la mafia
Para el abogado Jorge Rolón Luna, la Corte sigue siendo complaciente con el esquema de la mafia de los pagarés.
Además, calificó de “superficiales” las auditorías ordenadas por la máxima autoridad judicial en los juzgados de Paz, argumentando que desde un principio se intentó culpar a las víctimas en lugar de asumir responsabilidades.
Desde noviembre del 2024, cuando se presentaron las primeras denuncias, Rolón sostiene que la CSJ minimizó el problema, ignorando años de irregularidades en juzgados de Paz, principalmente en Asunción y el Departamento Central, donde se extravían expedientes para dejar a las víctimas indefensas
