La sostenibilidad financiera de la Caja Fiscal depende de una relación clave entre la cantidad de afiliados activos necesarios para financiar las jubilaciones del sistema. El análisis expuesto en el informe actuarial del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público muestra que se requieren alrededor de cinco afiliados activos por cada beneficiario pasivo para cubrir el pago del beneficio promedio.
Este cálculo parte de dos supuestos centrales del régimen previsional público: los trabajadores activos aportan el 16% de su salario, y el sistema opera bajo un esquema de beneficio definido, en el que el monto de la jubilación está establecido por ley y no depende del ahorro individual acumulado.
Bajo estas condiciones, el flujo de aportes de un número reducido de trabajadores resulta insuficiente para financiar prestaciones que, en promedio, alcanzan niveles elevados en relación con los salarios de los activos. Por ello, el equilibrio del sistema exige una base amplia de aportantes por cada jubilado.
El documento aclara que esta relación activos/pasivos constituye una referencia teórica, ya que no contempla factores como los rendimientos de las inversiones de la Caja ni los gastos administrativos. Sin embargo, el indicador resulta relevante para evaluar la presión estructural sobre el sistema previsional.
En contextos donde la cantidad de afiliados activos crece a un ritmo menor que el de los pasivos, ya sea por envejecimiento de la población, cambios en el empleo público o menor formalización, la relación se deteriora y se generan déficits recurrentes que deben ser cubiertos con recursos del Tesoro.
Para entender cómo se produce el descalce, el documento detalla que en el caso particular de los funcionarios del sector civil hay una mejora en su sostenibilidad teórica, ampliando la relación de 3,9 en 2019 a 4,3 activos por cada pasivo en 2023, sustentada en un crecimiento de la masa de aportantes hasta alcanzar los 79.913 afiliados activos y 18.576 afiliados pasivos.
En el sector de los docentes, tras una caída inicial en 2020, la ratio se estabilizó hacia el final del periodo. Al cierre de 2023, la brecha se sitúa en 2,3 activos por cada pasivo, reflejando una estructura demográfica presionada por el alto volumen de beneficiarios vigentes, con 79.827 afiliados activos y 35.203 pasivos.
Los magistrados judiciales poseen la relación más amplia de la Caja Fiscal, aunque en franco descenso. Se contrajo de 20,4 en 2019 a 15,2 activos por pasivo en 2023, con 817 afiliados pasivos y 12.448 activos. Esto indica un proceso de maduración del régimen con un aumento acelerado de nuevos jubilados.
En el caso de los docentes universitarios se presentan uno de los ratios más elevados, aunque con tendencia decreciente. La relación descendió de 8,4 a 7,8 activos por pasivo al cierre del periodo, debido a un incremento proporcionalmente mayor de los beneficiarios pasivos frente a los activos. En el 2023, el sector registró un total de 1.744 afiliados pasivos y 13.625 afiliados activos.
Asimismo, las Fuerzas Armadas muestran una relación crítica, pero con leve mejoría, pasando de 1,7 a 2,1 activos por cada pasivo en 2023. Pese al aumento, sigue siendo uno de los regímenes con mayor presión asistencial por el bajo número de aportantes para sostener cada beneficio. Al final del periodo, el sector alcanzó 17.619 afiliados activos y 8.286 afiliados pasivos.
Por último, las Fuerzas Policiales exhiben un comportamiento estable que osciló durante el quinquenio, consolidando en 2023 una relación de 3 a 1 (29.199 activos frente a 9.713 pasivos), tras haber alcanzado un pico de 3,1 en los años previos.
APORTE ES INSUFICIENTE. Se tiene menos cantidad de pensionados, pero sus salarios son cerca del 80% de un activo, mientras que el aporte es solo de 16%. A esto se suma que ese porcentaje de aporte se hace en relación con los salarios pisos, mientras que los jubilados reciben pagos a salarios superiores.
En el caso de la Administración Pública, se presenta la mayor diferencia, con un beneficio promedio de G. 1.989.281, que es solo un 28,3% del salario promedio de un activo (G. 7.030.076). Se necesitan aproximadamente 1,8 aportantes para financiar un beneficio promedio.
Para el magisterio nacional, el beneficio promedio es de G. 4.503.075, un 65,7% del salario activo (G. 6.853.768). Se necesitan aproximadamente 4,1 aportantes para financiar un beneficio promedio.
Asimismo, entre magistrados judiciales un jubilado percibe en promedio G. 11.311.879, un 142,8% del salario activo (G. 7.918.970). Esta es la brecha que más ha crecido desde 2019. Se necesitan aproximadamente 8,9 aportantes para financiar un beneficio.
Los docentes universitarios tienen un beneficio promedio de G. 7.573.586, que representa el 128% del salario de un activo (G. 5.916.259). Se necesitan 8,0 aportantes para financiar un beneficio promedio.
Por su parte, en las Fuerzas Armadas el beneficio promedio de un pasivo es de G. 7.843.281, lo que representa un 145,9% del salario promedio de un activo (G. 5.375.446). Se necesitan aproximadamente 9,1 aportantes para financiar un beneficio promedio.
Finalmente, en las Fuerzas Policiales el beneficio promedio es de G. 7.714.490, equivalente al 136,6% del salario activo (G. 5.646.806). Se necesitan aproximadamente 8,5 aportantes para financiar un salario promedio.
