<span;><span;>Los afectados continúan recibiendo mensajes de empresas con amenazas de más embargos, según los primeros informes que expuso la Comisión Especial del Senado que investiga el caso.
<span;>La Comisión de Investigación de la mafia de los pagarés del Congreso dio a conocer los resultados preliminares del registro de víctimas, en donde ponen en evidencia preocupantes cifras de cómo estas personas están siendo perjudicadas por un esquema perverso y corrupto.
<span;>Sobre la base de unas 2.000 víctimas que se inscribieron al Registro, el 92% alegaron que nunca recibieron notificación alguna de los juicios en su contra, y que el 77% actualmente siguen sufriendo embargos mensuales.
<span;>También señala que del total de víctimas, el 79% son funcionarios públicos, mientras que el 6,1% son jubiladas y el 9,3% son empleados privados. De ese 79% que es empleado público, el 40% de las víctimas son del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), es decir, que en su mayoría son docentes, mientras que alrededor del 15% es funcionario del Ministerio de Salud. También se destaca que del total de víctimas, el 68% son mujeres, y el 32% son hombres.
<span;>De las 2.000 víctimas, el 10% están por demandas iniciadas por la empresa Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa SA), mientras que el resto por otras firmas; como Nexo, 7%; Vanessa SA, 5%, Cobranzas y Pagos SA, en el 4% de los casos.
<span;>MODUS OPERANDI. Si bien los datos hablan sobre 2.000 víctimas ya inscriptas, existen otros 1.000 casos más que están pendientes de ingresar al registro y que están en procesos de documentación.
<span;>También se pudo determinar que se repite un patrón en la mayoría de los casos, donde muchos adquirieron créditos en casas de ventas de electrodomésticos.
<span;>A través de un contrato, la víctima autorizaba a estas firmas que los cobros se hagan mediante descuentos de sus salarios y a la par les firmaban pagarés en blanco “como reaseguro”. Tiempo después ya eran embargados, sin que sean notificados del juicio, y pese a haber cancelado la deuda.
<span;>La mayoría de estas demandas eran presentadas en Juzgados distantes a las residencias de las víctimas, lo que les imposibilitaba presentarse en los juzgados, que predominan los de capital, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso y Benjamín Aceval (Chaco).
<span;>Hallazgos. En las primeras averiguaciones encontraron que varias víctimas siguen recibiendo mensajes de empresas de cobranzas todos los días. A través de los chats les avisan de deudas sobre pagarés antes ya ejecutados, y con amenazas de nuevos embargos si no pagan la supuesta deuda. Ante la desesperación, muchas de las víctimas acudieron así a acuerdos de pago, pese a haber cancelado ya la deuda años atrás.
<span;>La comisión del Senado habilitó el número telefónico (0985) 221-112 para el registro de víctimas.
<span;>77% de las víctimas siguen con embargos mensuales, según datos de la Comisión de Investigación del Congreso.
<span;>Proyecto de ley apunta a tener un registro de créditos
<span;>El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) expuso las acciones realizadas hasta ahora respecto al esquema de la mafia de los pagarés, solicitando nulidades procesales y medidas cautelares. También se encuentran acompañando con el Congreso los distintos casos donde continúan los descuentos de salarios, afectando en su mayoría a trabajadores del sector público. Por último, la Defensa Pública elaboró un proyecto de ley que apunta a la creación de un registro nacional de créditos y la oficina de registro de créditos, dependiente de la Dirección de los Registros Públicos (DGRP), que va a ayudar en la trazabilidad de los préstamos y pagarés
