El encarecimiento de los alimentos, combinado con el estancamiento de los ingresos laborales y la precariedad del trabajo, está generando una crisis silenciosa que erosiona la seguridad alimentaria y amplía las brechas de desigualdad social.
El aumento del 9,6% interanual en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, reportado por el BCP debe entenderse en un contexto global y local. A nivel internacional, la pospandemia, los conflictos geopolíticos, como la guerra en Ucrania, y el oligopolio y poder de mercado de pocas empresas trasnacionales han afectado las cadenas de suministro y encarecido insumos claves y bienes alimenticios finales.
Paraguay, como economía agroexportadora inserta en el mercado global, es particularmente vulnerable a estas fluctuaciones. Sin embargo, los factores internos son igualmente determinantes. La fuerte dependencia de las importaciones de ciertos productos y las variaciones climáticas adversas, como las sequías, o las plagas como el ysau impactan en la oferta local. La estructura de comercialización con altos márgenes de intermediación exacerba la presión alcista sobre los precios.
La inflación de alimentos es particularmente regresiva, ya que los hogares de menores ingresos destinan una proporción mucho mayor de su presupuesto a la alimentación. Mientras que para una familia de altos ingresos un aumento del 10% en los alimentos puede significar un ajuste en gastos de lujo o innecesarios, para una familia de bajos ingresos representa una reducción forzosa en la cantidad o la calidad de lo que consume.
Si los precios de los alimentos suben a un ritmo mayor que los ingresos laborales, la capacidad adquisitiva se reduce. En Paraguay, el crecimiento de los ingresos laborales no ha logrado seguir el ritmo de la inflación en el rubro alimenticio.
Por lo tanto, para un amplio segmento de la población, el ingreso real ha disminuido. Un trabajador puede estar recibiendo la misma cantidad de guaraníes que hace un año, pero con ese dinero puede comprar significativamente menos alimentos. Esto fuerza a los hogares a adoptar estrategias de supervivencia, como la compra de productos de menor calidad nutricional, la reducción del número de comidas diarias o el endeudamiento para cubrir necesidades básicas, creando un círculo vicioso de precariedad.
La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades dietéticas. Paraguay es un país productor de alimentos; por lo tanto, el problema es fundamentalmente de acceso.
El encarecimiento de los alimentos ataca directamente este pilar de la seguridad alimentaria. Las consecuencias son profundas y multidimensionales. A nivel de salud pública, se observa un aumento paralelo de la desnutrición, especialmente en niños y niñas, y de la deficiencia de micronutrientes, junto con el crecimiento de la obesidad, ya que los alimentos ultraprocesados y ricos en calorías suelen ser más baratos que los alimentos frescos y nutritivos.
A nivel social, la inseguridad alimentaria profundiza las desigualdades, afectando desproporcionadamente a las poblaciones rurales, a las comunidades indígenas y a las mujeres jefas de hogar.
El informe del BCP sobre el encarecimiento de los alimentos es una señal de alarma que no debe ser ignorada. Lejos de ser un fenómeno meramente económico, revela una crisis social que debe ser enfrentada
