Un líder campesino detenido por el caso del comisario obligado a cantar durante protesta
Un dirigente social fue aprehendido por efectivos del Departamento de Investigación de Delitos del Departamento de Canindeyú, tras ser identificado como uno de los responsables de un hecho de coacción y perturbación a la paz pública ocurrido durante el cierre de ruta PY03, en Ybyrarobaná, Departamento de Canindeyú, en setiembre pasado.
El hombre, identificado como Cornelio Báez Bernal, domiciliado en el asentamiento Primero de Marzo, habría encabezado a una turba que obligó a un jefe policial a cantar y a realizar hurras en plena manifestación sobre la ruta PY03.
Según el informe policial, el ahora detenido, acompañado por un grupo de manifestantes, habría intervenido en la coacción contra el comisario Gerardo Aquino –quien se encontraba al mando de un grupo de efectivos policiales– para obligarlo a sumarse a cánticos y hurras, en un claro acto de presión e intimidación contra la autoridad.
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El episodio se registró en el marco de una protesta que derivó en el bloqueo total de la vía sobre la ruta PY03, generando tensión entre los manifestantes y las fuerzas del orden.
Testigos señalaron que el comisario fue rodeado por varias personas, quienes le exigieron que cante junto a ellos para permitirle retirarse del lugar, situación que fue registrada en videos que posteriormente circularon en redes sociales y sirvieron como evidencia para la identificación del principal implicado.
Tras la investigación, agentes policiales lograron localizar y aprehender al dirigente, quien quedó a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía analiza imputarlo por los supuestos hechos de coacción, amenaza y perturbación a la paz pública.
La Policía Nacional divulgó esta imagen en la que se observa al dirigente social, ahora detenido, en su vehículo. Más atrás se visualiza a dos hombres con armas largas.
Las autoridades señalaron que este tipo de conductas no serán toleradas, recordando que el derecho a la manifestación no habilita actos de violencia, humillación ni presión contra funcionarios públicos que cumplen con su deber.
El caso continúa en proceso investigativo y no se descartan nuevas imputaciones contra otros participantes del hecho
