La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta en su informe anual 2024, que el Paraguay enfrentó desafíos con la aprobación de una ley “que limita la libertad de asociación, lo que podría restringir la labor de defensa de los derechos humanos”.
Se hace referencia a la expulsión de Kattya González del Senado “por supuesto uso indebido de influencias en un proceso cuestionado como inconstitucional y señalado como parte de un patrón de violencia política de género”.
También, la promulgación de la “Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas para organizaciones sin fines de lucro que, según la sociedad civil, debilita el espacio físico, amenaza la autonomía a las organizaciones de derechos humanos y afecta particularmente a organizaciones feministas y LGTBI, restringiendo la libertad de asociación”.
Otro punto que se cita es que el “Congreso instaló una Comisión Bicameral para investigar posibles vínculos entre el financiamiento político y organizaciones de derechos humanos, con especial atención en aquellas que reciben financiamiento internacional”.
“Esto ha generado preocupaciones por posibles filtraciones de información, así como actos de persecución y desprestigio”, se indica.
Además, que “la sociedad civil advirtió que estas acciones, sumadas a la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas, están contribuyendo a un entorno adverso para la defensa de los derechos humanos, el ejercicio del periodismo y la oposición política, afectando gravemente la libertad de asociación y expresión”.
En cuanto al sistema penitenciario, se registró una elevada tasa de hacinamiento del 391% según los estándares de derechos humanos, atribuida al uso excesivo de la prisión preventiva, que afecta al 57% de la población carcelaria, posicionando al país como tercero en la región con mayor porcentaje, por esa medida
