La abogada Elizabeth Noemí Anzoátegui Rivarola, fue imputada por el fiscal Osvaldo Zaracho de Ciudad del Este, luego de joderle a su cliente de 72 años la suma de G. 220 millones que le desembolsó el Estado Paraguayo como víctima de violación de los derechos humanos en época de la dictadura. La mujer es una exagente especial de la Senad, según confirmó a EXTRA el fiscal Zaracho.
El abogado Sergio Sosa Delgadillo, quien ahora defiende a Esteban Gómez Rojas, contó que el abuelito pertenece a una congregación cristiana por lo que fue encarcelado en la época de la dictadura al ser tachado de comunista.
Según Sosa, la letrada fue hasta el BNF Minga Guazu, donde mostró un poder que tenía para hacer gestiones al abue, y con ese poder quería cobrar la plata que ya ella sabía que él tenía depositada en su cuenta. Además presentó un reposo médico falso de su cliente
“El señor no tenía idea ni del monto, ni mucho menos que se le había acreditado la plata”, dijo.
En el banco le dijeron que no podían darle con ese poder el dinero. Entonces, al día siguiente, el 24 de setiembre pasado, ya fue con el abuelito, y le dijo que él debía firmar documentos para continuar el trámite, pero no le mencionó la plata.
El abuelo firmó los documentos y ahí es donde la letrada recibe los G. 220 millones y los guarda en una mochila. Esto se puede ver en las imágenes captadas por el banco.
Ella le dice al abuelo que esa plata era de otros clientes suyos y que le mandaría su plata en esos días.
El abuelito dos días después, al no recibir la plata la llama de vuelta y le reclama el dinero. Entonces ella le gira G. 15.000.000. El karai le cuenta de la situación a un sobrino suyo, quien en ese momento se puso a averiguar todo, y se enteró que la letrada cobró G. 220 millones. Ahora mismo está profuga y fue declarada en rebeldía. Este es el tercer caso de estafa a través del BNF. Dos casos de indemnización de la ANDE y ahora este
