Comisión bicameral solicita información sobre movimiento financieros de ONGs
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), más conocida como “comisión garrote”, se reunió ayer jueves y resolvió solicitar información sobre los movimientos financieros de las organizaciones sin fines de lucro que operan en el país.
“Nosotros necesitamos entender cuál es la magnitud del movimiento financiero de las organizaciones sin fines de lucro, nosotros no sabemos si mueven un millón, dos millones, cinco millones o 20.000 millones”, manifestó en conferencia de prensa el senador colorado Gustavo Leite, integrante de la CBI
La comisión, que se instaló el pasado 26 de agosto, realizó una nueva reunión con la presencia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué
Según Leite, la DNIT podría proporcionar reportes generales con “grandes cifras”.
El legislador afirmó que les llamó la atención que de las cerca de 12.000 oenegés registradas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “solamente 6.000 tienen los papeles en regla” y ninguna de ellas fue multada.
En ese sentido, consideró que existe al respecto “un problema de acciones correctivas”.
Leite advirtió que la dirección tributaria contabilizó más de 7.000 organizaciones en actividad, una cifra distinta a la anotada por la cartera de Economía.
Por su parte, Orué explicó a los periodistas que comunicó a los legisladores que existe una “restricción legal” para acceder a información puntual sobre contribuyentes.
La comisión bicameral, conformada por tres diputados y tres senadores oficialistas, sesiona cada semana y prevé presentar en un plazo no mayor a 60 días un informe de su actividad.
El pasado 8 de julio, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, cuyo trámite parlamentario continúa en diputados.
Leite aclaró que la comisión bicameral “no tiene nada que ver con la media sanción del Senado”.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el 12 de julio al Congreso paraguayo que rechace el proyecto de ley aprobado, al considerar que contemplan “restricciones sustanciales” a la financiación de las ONG.
Fuente: EFE
