La red de supuestos estafadores, cuya investigación inició en enero, incluye a funcionarios de la previsional, según lo que se sabe hasta el momento. Fiscalía habla que continúan recabando datos.
Entre tres mil a cinco mil personas habrían sido víctimas del esquema que “vendía” puestos de trabajo en el Instituto de Previsión Social. Sin embargo, la fiscala Sandra Ledesma –quien investiga el caso– habla de la presunta venta de cargos no solo en el IPS, sino también en la Entidad Binacional Yacyretá y en los ministerios de Educación y de Agricultura y Ganadería.
Para recordar, el caso se inició con denuncias anónimas que se iban haciendo en el IPS en los primeros días de enero. Personas contaban que habían pagado para conseguir un contrato en la entidad, pero que no pasaba nada. Finalmente la previsional presentó la denuncia en el Ministerio Público.
Un médico se animó a ayudar en una entrega vigilada y hacer tratativas con los sospechosos. Posterior a eso, más víctimas empezaron a salir.
“Se fueron encontrando nuevos elementos, grupos de personas que se encargaban de cobrar, ofreciendo cargos para IPS y otras entidades… y son varios coordinadores que se encargan de recaudar el dinero”, comentó la fiscala. Hasta ahora, ya hay 13 personas imputadas, entre funcionarios del IPS y personas ajenas al Instituto.
Estos se manejaban a través de grupos de WhatsApp y algunos fungían de reclutadores, según las sospechas. Convocaban a personas, les hacían firmar planillas de asistencia, “con la esperanza de que iba a salir un contrato proforma”. Antes debían abonar, en algunos casos el cien por ciento y en otros por partes. Se habla de entre G. 6 a 20 millones por persona.
En el caso de la previsional, dijo que dentro de la sede ponían una mesa, donde se recibía a personas y ahí les hacían supuestamente firmar el contrato, “pero sin la firma de ninguna persona del IPS”, y que en algunos casos los firmantes creían que ya estaban contratados, dijo Ledesma.
Por su parte, la jefa de Asuntos Penales de IPS, Alicia Olazar, explicó que se obtuvieron pruebas de que era en el servicio de Clínica Médica del Hospital Central donde inicialmente operaban.
Allí es que presuntamente les hacían firmar los documentos, “haciéndoles creer que eran contratados. Le daban un ropaje de credibilidad, haciéndoles ir a una dependencia de la institución a gente que en su desconocimiento engañaban”, detalló.
“’Vení acá a hacer oficina y ya va a salir tu contrato’, decían a las personas que pagaban”, dijo Olazar.
El jefe de seguridad y control del lugar en varias ocasiones informó de la presencia de personas extrañas que no eran pacientes, pero siempre se alertó como faltas administrativas, porque decían que llevaban a sus familiares como pasantes.
La fiscala, por su parte, dijo que, de acuerdo con las investigaciones, ninguna persona fue contratada o nombrada a través de este esquema.
POR GRUPOS. Se pudo recabar que había varios grupos que operaban así, que tenían contactos con funcionarios del entre previsional.
El primer grupo sería el de la abogada hoy imputada y con prisión preventiva, Fátima Agüero, cuyo nexo era Zulma Villalba, funcionaria de la institución, quien supuestamente le proporcionaba informaciones, como cuándo vencían los contratos, documentos o los propios membretes institucionales.
Al surgir más denuncias, se determinó que habría otros grupos que operaban de la misma manera, con un vínculo en común, que es el contacto con Villalba.
Un segundo grupo, aparentemente liderado por la abogada Reina Torres, hacía firmar contratos en una supuesta fundación ubicada en la ciudad de Mariano Roque Alonso, allanada.
“Convocaban a la gente, pedían dinero. El pago era antes y después firmaban los supuestos contratos”, indicó la jefa de Asuntos Penales.
Según la investigación, los grupos no especificaban cargos, solo preguntaban si uno quería entrar como personal de blanco o ser de la parte administrativa. De esta manera, “muchos profesionales de blanco habrían sido estafados”, lamentó Olazar.
De acuerdo con las denuncias que siguen llegando, el esquema habría comenzado a operar ya en época de la pandemia del Civd-19.
Daban ropaje de credibilidad, haciéndoles ir a una dependencia.. haciéndoles creer que eran contratados. Alicia Olazar, jefa de Asuntos Penales. Ponían una mesa ahí, le hacían ir ahí y le hacían firmar supuestas proformas, pero sin la firma de ninguno del IPS.
