Se iniciaron investigaciones por las denuncias de supuestos nepotismos en el Poder Legislativo. El Ministerio Público ya remitió oficios pidiendo el legajo completo de los contratados.
Familiares de legisladores contratados que cobran y no asisten al Congreso se exponen al hecho punible de cobro indebido de honorarios. La fiscala Belinda Bobadilla, de la Unidad Anticorrupción, investiga a cuatro diputados, a dos senadores y a sus parientes, en el supuesto caso de contratación desmedida en el Poder Legislativo. Dijo que con los informes busca “tener una radiografía completa” del caso.
Se investiga a familiares de los diputados Roya Nigsa Torres, José Domingo Adorno Mazacotte, Benjamín Cantero Ramírez y Cleto Marcelino Giménez. También de los senadores: Édgar Idalino López y Derlis Hernán Maidana, este último, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La agente confirmó que remitieron oficios a la Dirección de Administración y Finanzas, a fin de que informen sobre las remuneraciones y extractos de pagos o recibos desde que ingresaron.
También al Departamento de Recursos Humanos de ambas Cámaras, pidió el legajo completo de familiares; lugar en donde deben prestar servicios, cargos, funciones, horarios, copias de resoluciones o acto administrativo de nombramiento o contratación y los documentos presentados.
Bobadilla explicó que en el caso de que se confirmen los que fueron contratados para prestar un servicio, no trabajan, podrían incurrir en cobro indebido de horarios.
Sostuvo que hasta el momento no se puede hablar de estafa por parte de legisladores, pero que no se cierra a nada todavía. “Iremos avanzando con la información que vamos colectando”, detalló.
“Los pedidos de informes están abarcando varias aristas a los fines de poder tener una radiografía completa y de eso poder concluir si es solo de parte de los parientes o hay participación de otras personas”, informó la fiscala.
DENUNCIA. Varios legisladores van estando en el ojo de la tormenta, luego de conocerse que muchos sus parientes fueron colocados con jugosos sueldos en las filas del Congreso, muchos de ellos atornillados a sus sillas.
La abogada Teresa Flecha había hecho una serie de denuncias, primero contra el senador Silvio Beto Ovelar, por tener a su hijo trabajando en el Congreso, con un cargo que él autorizó, según el propio legislador lo admitió.
Luego presentó denuncia en la Fiscalía contra una veintena de personas y por último, contra el titular de la Cámara Baja, el diputado Raúl Latorre, porque muchos contratados entraron a través suyo.
La fiscala Natalia Fúster inició una investigación contra Ovelar y la abogada pidió recientemente el cambio de carátula, que de: “persona innominada sobre hecho punible determinar”, se cambie a: “Silvio Adalberto Ovelar Benítez y otros sobre hecho punible a determinar”.
Luego también la fiscala Bobadilla inició investigaciones contra la diputada Roya Torres, sobre la contratación de su hijo de 19 años como su asesor, en un cargo de confianza, ganando el joven G. 9.500.000, sin tener definido una función específica y tampoco un lugar de trabajo, ya que después de salir a luz el caso, ya cambió tres veces de oficina
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