La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid) rechazó el comunicado de la autoridad competente de los pueblos originarios, que se declaró insolvente, y lamentó la “exclusión” del Estado a la minoría, mientras “familias de políticos viven cómodamente del dinero público”.
La Anivid expresó este miércoles su repudio al anuncio realizado por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que en la víspera había informado que no cuenta con presupuesto para atender las necesidades de la población de los pueblos originarios para el mes de enero de 2024.
Desde la asociación lamentaron que la institución se declare insolvente con uno de los sectores que necesita de la ayuda del Estado.
“Los pueblos indígenas constituimos uno de los sectores más olvidados de este país, sin acceso a derechos mínimos, con comunidades sin escuelas, sin docentes, sin puestos de salud o con puestos vacíos, sin médicos ni remedios”, señalan.
El comunicado hace referencia a un polémico anuncio publicado el último martes en las redes sociales por parte del Indi, para informar que no cuenta con presupuesto para atender a las inquietudes de los pueblos originarios para el mes de enero.
El comunicado publicado por el Indi que luego fue borrado.
La información desató todo tipo de críticas y tras la polémica, la publicación fue borrada de las cuentas de las redes sociales de la institución estatal.
Anivid resaltó que mientras que la institución encargada por velar por los derechos de los indígenas se declara insolvente, “familias enteras de políticos que ocupan puestos electivos viven cómodamente del dinero público”.
La nucleación exhortó, además, a autoridades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo a dotar de presupuesto y de capacidad operativa a las instituciones, para ejecutar acciones respetando las culturas y formas de vida ancestrales de las comunidades nativas.
Diana Vargas, abogada experta en Derechos Humanos, calificó de un hecho “bochornoso” el texto publicado por el Indi y afirmó que se trata de un “sincericidio” por parte de las autoridades que deben velar por las necesidades de los pueblos originarios.
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